Andes Iron desmintió la información publicada por el medio Reportea, en el que se aseguró que la empresa le pagó a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos más de $200 millones, pese a no ser sus abogados litigantes en el conflicto judicial que enfrentó el proyecto Dominga.
El artículo consignó que estos pagos se extendieron entre el 30 de marzo y el 15 de diciembre de 2023 por “honorarios asesoría jurídica según contrato”, según las facturas emitidas al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Ante esto, desde la empresa rechazaron “de manera categórica y enfática” la noticia, ya que “contiene afirmaciones falsas, inexactas y completamente descontextualizadas, que inducen deliberadamente a interpretaciones erróneas y carentes de todo sustento fáctico”.
El contrato con el estudio jurídico de Gabriel Silber, explicaron, que estuvo vigente entre los meses de marzo y diciembre de 2023 tenía como objetivo “la elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal“.
Así, recalcaron que “en ningún caso contempló labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas o actuaciones de cualquier otra naturaleza distinta a las expresamente pactadas”.
“Durante el período de vigencia de dicho contrato no se dictó resolución judicial alguna que favoreciera al proyecto Dominga. Recién el 9 de diciembre de 2024 —esto es, más de un año después de finalizada la asesoría— el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó sentencia declarando ilegal la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023″, puntualizaron.
En tanto, el 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema “declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos contra dicho fallo”.
“En consecuencia, resulta manifiestamente falso sostener que esta asesoría se habría prestado durante el período en que —según afirma el artículo— se habría cocinado el triunfo de la minera en tribunales“, expresaron.
Por último, Andes Iron desmintió que Reportea se haya comunicado con ellos para obtener su versión para el reportaje a través de correo electrónico, como consignaron. “No existe registro alguno de dicho mensaje en ninguna de las casillas institucionales“, indicaron.
“Resulta especialmente llamativo que, considerando la gravedad de las imputaciones formuladas, el medio no haya realizado un esfuerzo mínimo y efectivo por obtener la versión de la empresa, lo que habría permitido aclarar los hechos y evitar la publicación de un reportaje de carácter claramente injurioso”, cuestionaron.
Por lo mismo, aseveraron que la empresa “se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales que correspondan, con el objeto de resguardar su honra, reputación y su actuar conforme a derecho”.
