El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en contra de Alberto Larraín y otras cinco personas en el marco del denominado Caso ProCultura.
Junto al cofundador de la ONG, también se ordenó la aprehensión de María Constanza Gómez, representante legal; María Teresa Abusleme, ex directora de estudios; Evelyn Magdaleno, ex jefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, contratado por el GORE para desempeñarse como vínculo con la fundación.
La decisión judicial ocurrió a raíz de la solicitud que hizo el fiscal regional Juan Castro Bekios, quien está a cargo de la arista surgida del Caso Convenios.
Según consignó La Tercera, la orden de detención contra Alberto Larraín y otras cinco personas surge a raíz del convenio firmado con la Gobernación Regional Metropolitana para llevar a cabo el programa de prevención de suicidio denominado Quédate. A raíz de dicho contrato, el GORE transfirió a la Fundación ProCultura unos $1.600 millones.
El rol de Claudio Orrego en esta arista también está siendo investigado. Incluso la Fiscalía solicitó su desafuero, pero hasta la fecha, la Corte de Apelaciones de Santiago aún no pone fecha para revisar el caso del gobernador.
