Con el inicio del año escolar 2026, el pasado miércoles 4 de marzo, comenzó a aplicarse la ley que prohíbe y regula el uso de celulares en todos los niveles del sistema educativo, salvo el universitario.
“Cada vez salen más estudios del daño que provoca a nivel cerebral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso, obviamente, que nos obliga a hacernos cargo de una situación que ya por varios años se había planteado”, era una de las explicaciones que el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), daba en agosto de 2025 a radio Biobío cuando se le consultaba por el origen del entonces proyecto de ley.
En una columna de opinión publicada en Cambio 21, el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien dio su voto favorable a la iniciativa, expuso los argumentos que los legisladores tuvieron a la vista durante el debate. Entre ellos, un estudio que en junio del año pasado daba cuenta que en Países Bajos la prohibición de los celulares en el aula mejoró la concentración y el clima social en un 75% y 59%.
Casi a mediados de febrero la iniciativa se convertía en ley al ser publicada en el Diario Oficial. La prohibición de dispositivos electrónicos -tablets, computadores, relojes inteligentes, celulares- tenía algunos matices. Éstos se podían usar ante necesidades educativas especiales, situaciones de salud que requieran monitoreo médico, catástrofes y el uso pedagógico.
Sin embargo, la normativa trajo consigo algunos reparos, especialmente luego de que el entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), aclarara que la prohibición de celulares o dispositivos era extensiva a los profesores.
“Tensiona la autoridad docente”
Pese a que la Superintendencia de Educación dio a los colegios plazo hasta el 30 de junio para incorporar las disposiciones de la ley a sus reglamentos, adecuándolas a su realidad, la normativa ya se está aplicando de manera preliminar.
En conversación con EL DÍNAMO, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reconoció que los docentes han enfrentado dificultades con esta restricción. “Se han recibido inquietudes, porque en muchísimos lugares se utilizan los celulares y los dispositivos para el mismo trabajo pedagógico o para coordinar situaciones internas dentro de los establecimientos. En especial cuando al inicio se señaló por parte de autoridades que había una restricción total, eso generó mucha inquietud”, dijo.
La directora de Educación Diferencial de la Universidad Andrés Bello, Monona Valdés, advirtió que “en términos simbólicos, culturales, sociales e incluso prácticos, esta extensión de la prohibición a los docentes puede tensionar e incluso debilitar la autoridad docente”.
“En territorios con brechas digitales persistentes, el teléfono personal del docente es un lujo y tampoco funciona como dispositivo de distracción para el ocio, sino una herramienta de trabajo imprescindible. La normativa ignora realidades como establecimientos con acceso inestable a internet, salas sin conectividad permanente, plataformas digitales que dependen de redes móviles, y clases que, paradójicamente, requieren acceso en línea para desarrollar actividades propuestas por los propios textos escolares distribuidos oficialmente los que incluyen códigos QR y enlaces que complementan la experiencia pedagógica”, añadió.
Asimismo, Valdés denuncia que esta prohibición “limita la capacidad del docente para responder de manera oportuna a situaciones emergentes del aula, como la necesidad de adaptar recursos en función de la diversidad, acceder a apoyos visuales inmediatos, utilizar aplicaciones de apoyo a la inclusión (por ejemplo, lectores de texto, traductores o sistemas aumentativos) o mantener una comunicación fluida con equipos de apoyo, familias o redes externas”.
Soledad Garcés, directora de la Fundación para la Convivencia Digital -organización que ha asesorado a más de 70 colegios para la implementación de esta normativa- también expone a este medio que el proceso no ha estado al margen de tensiones. “Nos hemos encontrado con la resistencia de los profesores, porque sienten que la ley los pone a la altura de los estudiantes. Ellos pueden usar dispositivos sin problemas, solo que debe quedar regulado en el Reglamento Interno como en cualquier empresa o servicio público. A su vez, existen (aunque son pocos) profesores que si son dependientes del teléfono y no lo pueden dejar, lo que da una mala imagen de ejemplo a los estudiantes”, afirma.
Garcés, asimismo, reparó en que hay docentes que “le dan un valor pedagógico al dispositivo que no existe. No hay estudios serios que validen el uso pedagógico del teléfono. No así otras metodologías y otros dispositivos”. También en que “los equipos directivos no les dan respuestas claras cuando piden excepciones como por ejemplo, en el caso de los profesores cuyos hijos son TEA; y a veces los llaman de los colegios para asistir a sus hijos”.
“Actitud más social”
Con todo, también se han advertido efectos positivos en los estudiantes. Mario Aguilar, líder del femio docente, comenta que ha recibido reportes de que hay lugares en que “los niños empiezan a tener una apertura a una actitud más social, a incorporar juegos en donde interactúan mucho más con sus pares, juegos incluso donde hay mucho más movimiento físico”.
“Hay ciertos casos en que se aprecian esos resultados positivos, pero también hay otras situaciones donde se aprecia resistencia o de alguna manera una actitud no tan positiva de algunos estudiantes respecto a tener que separarse del dispositivo”, añade.
De todas maneras, desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro, que administra 43 escuelas y liceos, hicieron hincapié en que los reglamentos internos se elaborarán “considerando las particularidades de cada comunidad educativa” y que este proceso “deberá ser revisado y validado por los respectivos consejos escolares”. Sobre los efectos en los estudiantes, especialmente en lo que refiere a aprendizaje y convivencia escolar, acotaron que éstos serán analizados en conjunto con centros de estudio.
También mencionan que las orientaciones del Ministerio de Educación fueron enviadas como apoyo para la adecuación de los reglamentos. Dichas orientaciones están contenidas en un documento de 36 páginas, cuya introducción adelanta que la experiencia internacional respalda que este tipo de iniciativas generan “mejores condiciones para el aprendizaje, fortalecen la convivencia educativa y promueven un uso más consciente y responsable de la tecnología”.
En el documento, por ejemplo, se ejemplifican casos de uso pedagógico: que los estudiantes deban buscar información en sus celulares para una actividad en clases, a modo de apoyo didáctico o creación de un producto digital.
Con todo, según las disposiciones del Mineduc, los colegios tendrán entre marzo y abril para adaptar las modificaciones respectivas y los meses de mayo y junio para su posterior revisión.
