Esta semana la agenda del gobierno y de los empresarios ha sido intensa. Hoy la Confederación de la Producción y el Comercio se reúne con Hacienda, luego de haber compartido citas con Trabajo y Economía. La agenda del ministro Quiroz y los ministros sectoriales ha estado plagada de reuniones, bilaterales y seminarios donde han insistido en su postura de recuperar al país de un estancamiento económico.
En medio de esas conversaciones esta semana el debate se lo tomó el debate en torno a los feriados irrenunciables. Pero para el comercio, protagonista en esta discusión, deben abrirse conversaciones en torno a otros temas críticos para el sector. El Dínamo conversó con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio José Pakomio al respecto.
– Hay otras tensiones laborales, por ejemplo, respecto a la jornada laboral ¿Se requieren modificaciones?
– Sobre la jornada laboral y el Artículo 22, es urgente revisar los alcances de los recientes dictámenes. La interpretación de la Dirección del Trabajo (DT) ha impuesto una rigidez que ignora la realidad de sectores clave. Para empresas con operaciones en terreno, como en Puerto Montt o Concepción, exigir controles de asistencia físicos a supervisores o prevencionistas de riesgos es impracticable; esto aumentaría los tiempos de traslado en hasta dos horas diarias, perjudicando la calidad de vida que la ley pretendía proteger. Existe una contradicción entre esta rigidez y la Ley de Conciliación Vida Laboral-Personal, ya que se limita la flexibilidad y autonomía que el talento actual valora para organizar su tiempo.
– Están pendientes importantes leyes, como la de sala cuna ¿en qué perjudica su demora?
– Desde la CNC mantenemos una postura propositiva para fortalecer el mercado laboral, pero somos críticos frente a una implementación que hoy genera incertidumbre. Respecto a la ley de sala cuna, para la CNC es prioritario avanzar en una regulación que fomente una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, la demora en una solución integral es costosa. Proponemos fórmulas de financiamiento tripartitas que distribuyan la responsabilidad y no se conviertan en una carga excesiva para las empresas de menor tamaño, evitando que el costo de la maternidad siga siendo un desincentivo para la contratación femenina y el empleo formal.
– ¿Cómo evalúa el legado de las reformas laborales del gobierno?
– En cuanto al legado legislativo (Ley 40 Horas, Ley Karin, Inclusión Laboral), observamos con preocupación que su puesta en marcha ha estado marcada por contradicciones manifiestas entre la ley, sus reglamentos y los dictámenes administrativos. En materia de Ley de 40 Horas, los dictámenes sobre el Art. 22 y la reducción proporcional de la jornada no conversan con las necesidades de flexibilidad ni con los acuerdos previos entre las partes.
– ¿Qué otros temas les preocupan?
– En materia de negociación colectiva, resulta alarmante el Dictamen 451/16, que transgrede el tenor literal del artículo 360 del Código del Trabajo. La ley es clara al señalar que los servicios mínimos deben ser calificados antes del inicio de la negociación. Al omitir la posibilidad de suspender los plazos mientras no se hayan definido estos servicios, la DT genera una grave incerteza jurídica, permitiendo escenarios donde una huelga se haga efectiva sin equipos de emergencia calificados, poniendo en riesgo la seguridad de terceros y la continuidad operacional.
– ¿Y respecto de la Ley Karin como la evalúan?
– En relación con la Ley Karin, vemos que la Inspección del Trabajo enfrenta hoy una carga excesiva de denuncias. Esto perjudica a las empresas, que pierden la operatividad del trabajador durante procesos extendidos y a los trabajadores, quienes ven vencer sus plazos para acciones legales debido a la lentitud de la autoridad. Como gremio, consideramos imperativo avanzar hacia sistemas de mediación entre las partes que permitan resolver conflictos de manera ágil antes de judicializar o iniciar investigaciones administrativas agotadoras.
Para la CNC, el éxito de estas reformas depende de una coordinación técnica que evite que la burocracia administrativa termine asfixiando la operatividad y la flexibilidad que el país requiere.
