Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) publicó el Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), una nueva herramienta que permite detectar riesgos en diferentes procesos de la administración del Estado.
Este instrumento de alerta temprana tiene que ver con el análisis de grandes volúmenes de información y tiene la finalidad de detectar situaciones que podrían significar irregularidades, antes de que se transformen en hechos sancionables o ilícitos.
“La herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que, de no ser oportunamente gestionados, podrían derivar en conflictos de interés o en afectaciones a los principios de probidad e imparcialidad que rigen la función pública”, detalló la contralora Dorothy Pérez.
Los riesgos que detectó Contraloría en órdenes de compra por “trato directo” de municipios, Gore y Subdere
En el primer informe de RADAR, se analizaron compras públicas que realizaron municipalidades, gobiernos regionales (Gore) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), donde se evidenció que en gran parte de ellas se usó el trato directo.
En detalle, el ente contralor entre enero de 2024 y mayo de 2025 identificó la emisión de 556.222 órdenes de compra con uso reiterado del trato directo o de la contratación excepcional directa con publicidad. Con respecto a esto, el monto transado bajo estas modalidades alcanzó más de un billón de pesos ($1.167.244.609.803).
Lo anterior representa un riesgo, puesto que “no siempre podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos que justifican el uso de estas modalidades, que la ley califica como excepcionales”, según señala el documento de la Contraloría.
Asimismo, se advirtieron posibles vínculos entre funcionarios que intervienen en procesos de compra y proveedores de reciente constitución, lo que configura un riesgo potencial de conflicto de intereses, especialmente asociado a operaciones totales por más de $889 millones.
Tras este reporte, el organismo sugirió a las autoridades edilicias, gobiernos regionales y a la Subdere, que adopten medidas de control más robustas, fortalezcan sus sistemas internos y prevengan eventuales situaciones que puedan afectar la integridad de la gestión pública.
Sumado a ello, desde la CGR expusieron que fiscalizarán las operaciones con mayor riesgo, y en caso de que se materialicen, “se perseguirá la responsabilidad administrativa” y se denunciarán al Ministerio Público, según corresponda.
