El Gobierno reconoció que actualmente no es posible concretar la expulsión de migrantes irregulares venezolanos debido a la negativa de ese país a recibirlos en condición de expulsados. Así lo explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien detalló que la falta de relaciones consulares impide además el aterrizaje de vuelos chilenos en territorio venezolano, lo que dificulta cualquier operativo de retorno forzoso.
Este jueves, un total de 40 migrantes irregulares fueron expulsados desde Chile en un vuelo de la FACh, el cual incluyó una escala en la Región de Tarapacá antes de continuar hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. En este operativo no se incluyó a ciudadanos venezolanos, precisamente por las restricciones diplomáticas vigentes entre ambos países.
En conversación con Canal 24 Horas, Sauerbaum explicó que “vuelos comerciales están llegando a Venezuela, por eso han salido muchas personas voluntariamente”. Además, indicó que desde Cancillería se están llevando a cabo gestiones para intentar restablecer algún nivel de entendimiento bilateral que permita abordar este tipo de situaciones.
En esa línea, la autoridad fue enfática al señalar que “no se pueden enviar los irregulares venezolanos que estén expulsados, porque Venezuela no los recibe. Venezuela recibe, por ejemplo, a personas que voluntariamente se quieren ir, o si nosotros hiciéramos un vuelo humanitario, lo podrían recibir sin ningún inconveniente”. También agregó que “lo que a ellos les molesta, básicamente, es que nosotros mandemos expulsados”.
Respecto a quienes ya cuentan con una orden de expulsión hacia Venezuela, Sauerbaum indicó que deberán esperar hasta que existan condiciones para su retorno. Mientras tanto, advirtió que enfrentarán restricciones importantes en el país: “no va a poder tramitar nunca su permanencia, por ejemplo. Esa persona tiene que salir del país con el castigo debido”, explicó, incentivando así la salida voluntaria como alternativa.
Finalmente, el director de Migraciones abordó los altos costos asociados a estos operativos, detallando que en vuelos comerciales el gasto alcanza cerca de tres millones de pesos por persona, debido a la exigencia de custodia policial.
“En los vuelos comerciales nos sale aproximadamente tres millones de pesos por cada expulsado, porque esas personas tienen que ir acompañadas de dos PDI según la norma internacional. Nosotros no podemos mandar un avión que tenga capacidad para 200 con 200 expulsados. Tenemos que mandar un expulsado con dos PDI”, indicó.
