Un vuelco total tuvo el caso del concejal de San Felipe, Ronald Olivares, quien inicialmente denunció haber sido víctima de un secuestro durante un viaje a Viña del Mar, pero posteriormente confesó que la historia era falsa y que había pasado la noche consumiendo drogas y alcohol.
La historia se remonta a febrero de 2025, cuando Olivares acudió a Carabineros asegurando que dos sujetos lo habían abordado cuando se dirigía a la casa de un familiar, trasladándolo contra su voluntad a un sitio eriazo, desde donde afirmó haber escapado por sus propios medios.
Sin embargo, más tarde cambió su versión. Según su declaración, la noche del 30 de enero salió con la intención de comprar cigarros y “falopa”, refiriéndose a cocaína. En ese contexto, relató que se encontró con cuatro individuos que lo llevaron a un “ruco”, donde había más personas consumiendo drogas y alcohol.
Allí, aseguró que gastó cerca de 350 mil pesos, correspondientes al viático de la capacitación, en la compra de pasta base, además de seguir transfiriendo dinero para adquirir más sustancias. Según indicó, el ambiente le generó temor debido a la presencia de armas blancas y de fuego.
El concejal explicó que, al sentirse intimidado, permaneció en el lugar hasta que logró salir cuando se encontró solo, siendo posteriormente auxiliado por una familia que lo trasladó de regreso.
En su testimonio, reconoció además que había sido adicto a las drogas y que, pese a estar rehabilitado, sufrió una recaída durante ese viaje. Finalmente, admitió que no fue secuestrado y que “accedió a ir con los sujetos”, aunque luego no abandonó el lugar por miedo.
De acuerdo con antecedentes policiales, Olivares inventó el secuestro para justificar su ausencia ante su familia y evitar posibles consecuencias laborales.
Tras conocerse estos hechos, la Municipalidad de San Felipe anunció la presentación de una querella en su contra. La alcaldesa Carmen Castillo señaló que las declaraciones del concejal “ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisarlo”, agregando que, como funcionarios públicos, existe la obligación de denunciar posibles irregularidades.
Por su parte, el concejal se limitó a responder: “No me ha llegado ninguna notificación a mi persona”.
