En medio del debate por la violencia escolar y la seguridad en establecimientos educacionales, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que presentará un proyecto de ley que busca establecer un nuevo régimen de responsabilidad parental, trasladando estos casos a los tribunales de familia.
La iniciativa pretende fortalecer el rol de madres y padres en la formación de niños, niñas y adolescentes. Según un comunicado oficial, “la iniciativa busca fortalecer el rol de madres y padres en la educación de sus hijos, estableciendo mecanismos más eficaces de responsabilidad y procedimientos más ágiles para abordar los hechos que puedan cometer”.
Desde la cartera explicaron que, aunque existen normas en el Código Civil, su aplicación es escasa debido a la lentitud de los procesos judiciales. En ese contexto, el ministro planteó “la creación de un régimen específico que permita hacer efectiva la responsabilidad de madres y padres frente a los hechos de sus hijos, generando además una señal clara sobre su rol en la educación y formación”.
El nuevo modelo permitirá una intervención más temprana del Estado. “Esto se traducirá en que el Estado podrá intervenir de manera más temprana y efectiva cuando niños, niñas o adolescentes incurren en conductas dañinas, activando a la justicia de familia no solo para sancionar, sino también para corregir y acompañar”, señala el documento.
Entre las medidas contempladas se incluyen amonestaciones, multas, reparación del daño y la obligación de asistir a programas de habilidades parentales. Estas sanciones no serán de carácter penal, sino proporcionales y principalmente formativas.
En la práctica, el proyecto apunta a situaciones como casos de bullying escolar, peleas entre menores o daños a bienes públicos o privados. En estos escenarios, el tribunal evaluará si existió una falta de supervisión o formación por parte de los padres. De acreditarse, se podrían ordenar medidas de reparación hacia la víctima, además de sanciones o programas obligatorios para los adultos responsables.
La propuesta distingue entre responsabilidad civil e infraccional. La primera se aplicará cuando exista daño a terceros, permitiendo exigir compensaciones. La segunda permitirá al tribunal determinar si hubo incumplimiento de deberes parentales, aplicando medidas correctivas.
Según el Ministerio de Justicia, el carácter infraccional implica que “el tribunal puede constatar que un niño, niña o adolescente inimputable cometa un hecho que genere daño a bienes nacionales de uso público o a un particular ya sea en su persona o en su patrimonio. En ese caso, si además se determina que tal hecho fue permitido por el incumplimiento de deberes parentales, puede aplicar medidas como amonestaciones, multas, reparación del daño y obligación de asistir a programas de habilidades parentales”.
