El Gobierno de José Antonio Kast, por medio de la Subsecretaría de Previsión Social, retiró el decreto supremo N°7 a fines de marzo, el cual es clave en la implementación de la reforma de pensiones.
El documento que ingresó en enero la administración de Gabriel Boric, define las tarifas y modalidades de pago por los servicios que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe prestar a las AFP que decidieran contratarlos.
Sin este decreto, el IPS no podría funcionar como prestador de servicios de back office (procesamiento interno) ni de front office (atención al público), lo que supone una inhabilidad operativa en la administración de fondos.
Con respecto a esta situación, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, afirmó que reingresarán el decreto a Contraloría después de que se realicen revisiones a las observaciones que hizo el ente contralor.
“El decreto que fija precios y modalidades de pago de los servicios que podrá prestar el IPS a las AFP interesadas, fue ingresado por la pasada administración en enero de 2026. La Contraloría General de la República hizo observaciones al documento, y como Subsecretaría decidimos retirar el decreto para su revisión y posterior reingreso“, sostuvo a Diario Financiero.
El decreto había sido tramitado con el respaldo administrativo del gobierno anterior y llevaba las firmas del expresidente Boric, junto a los entonces ministros de Hacienda y Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo, respectivamente.
La administración tenía el objetivo de que el IPS asumiera funciones de soporte, buscando disminuir las barreras de entrada en el sector. Mediante la centralización o facilitación de estos servicios técnicos, se apuntaba a promover la incorporación de nuevos actores y dinamizar la competencia en una industria que históricamente ha estado concentrada.
