Uno de los artículos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional está generando controversia y ha sido blanco de críticas debido a los cambios que introduce en materia de propiedad intelectual.
Se trata del artículo 8, el cual agrega una excepción al derecho de autor. El nuevo artículo 71T permitiría usar obras ya publicadas sin requerir autorización ni pago a sus titulares, siempre que el uso sea exclusivamente para “extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen”.
En concreto, las empresas que entrenan modelos de inteligencia artificial podrán usar obras protegidas sin compensar a sus creadores. El único límite es que el uso no constituya una “explotación encubierta” de las obras.
Los cuestionamientos al artículo
Bajo este contexto, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) dejó ver su preocupación por el alcance de esta medida. “Creemos inadecuado reintroducir este asunto en un proyecto de ley general, que tiene ideas matrices diferentes, más aún cuando el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial está en segundo trámite constitucional en el Senado”, expresaron.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) también criticó esta norma, señalando que “habilita que los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales, utilicen el contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin autorización, sin licencia y sin compensación alguna”.
En este escenario, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) manifestó “sorpresa ante la inclusión de iniciativas vinculadas a un tema tan distinto como la Propiedad Intelectual, en un proyecto que dice apuntar a la reconstrucción”.
“Una incorporación como ésta no hace más que levantar severas dudas respecto de su pertinencia, sobre todo cuando el sentido profundo de su planteamiento no constituye otra cosa que una vulneración a los principios generales en los cuales se basa del Derecho de Autor, que es la autorización expresa de los titulares para el uso de las obras, que como SCD hemos defendido por casi 40 años”, añadieron.
La defensa del Gobierno a la norma que modifica la propiedad intelectual
Tras los cuestionamientos que desató al artículo incluido en la ley de Reconstrucción, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrió la puerta a posibles cambios durante la discusión legislativa.
“Una norma que ya se intentó en el pasado. Hoy día se incorpora, y yo espero que en el debate parlamentario, donde se invita a todos los actores que de alguna u otra manera tienen opinión fundada que entregar, a lo mejor se puede corregir, se puede mejorar y se pueden buscar puntos de acuerdo”, dijo el Mesa Central.
En este sentido, detalló que buscan impulsar sectores económicos: “Algunos elementos que permiten dinamizar ciertas cosas en determinados sectores y bajo esa lógica se estima que esta norma puede contribuir”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que “la minería de datos en Chile puede convertirse en una fuente enorme de recaudación (…). Tenemos facilidades enormes para este tipo de inversiones, pero chocamos aquí con la Ley de Propiedad intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual tiene numerosas excepciones, tiene la a, la b, la c, etc., llega hasta la letra s. Acá estamos proponiendo que llegue a la letra t, y que la letra t diga que también queda excluido el uso en centros de datos, minería de datos”.
“Esto fue un tema que se discutió en algún minuto, incluso en la administración pasada, y en ese minuto el Ministerio de Ciencia tenía una visión positiva de esta medida, pero al final no pudo prosperar”, aseveró, según consigna El Mercurio.
De hecho, un texto similar se incluyó en la iniciativa sobre inteligencia artificial en administración de Boric. Sin embargo, esto se rechazó durante su tramitación en la Cámara de Diputados.
En aquella oportunidad, parlamentarios de diferentes sectores y titulares de derechos de autor objetaron la disposición que había sido impulsada por la entonces ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry.
