El Ministerio de Seguridad amplió la querella contra los tres imputados por la agresión en la Universidad Austral contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, con el propósito de conseguir que se les imponga la cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con lo expuesto por el abogado que representó al Ministerio de Seguridad, Joaquín Pizarro, se amplió la querella sobre la base de que el ataque a la ministra Lincolao no correspondió solo a un atentado contra la autoridad, sino que podría tratarse de un intento de secuestro.
Con ese propósito, el equipo judicial de la cartera que encabeza la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, invocó la Ley de Seguridad del Estado.
En concreto, en el caso específico de lo ocurrido en la casa de estudios superiores en Valdivia con la ministra Ximena Lincolao, se citó el artículo 5° letra b de la disposición, que sanciona a “los que con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad privaren de libertad a una persona, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio. Si el secuestro durare más de cinco días, o si se exigiere rescate o se condicionare la libertad en cualquiera forma, la pena será de presidio mayor en su grado máximo”.
Qué complica la nueva querella por el ataque a Lincolao
Sin embargo, según fuentes citadas por La Tercera, desde el Ministerio de Seguridad no se aportaron mayores antecedentes nuevos y diferentes a los incorporados en la querella que inicialmente ingresaron por atentado contra la autoridad.
La falta de nuevos datos, sumado a que el delito por el que fueron imputados tiene asociada una pena bajísima y los universitarios tienen una irreprochable conducta anterior, complicaría las opciones de la parte querellante ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Aquello, debido a que las declaraciones y testimonios que se presentaron en esta ocasión y que apuntarían, por ejemplo, a que “la conducta desplegada por los supuestos manifestantes fue encaminada a privar de libertad, para así arrancar decisiones e imponer exigencias debido al cargo que ostenta la autoridad referida”, se expusieron desde el mismo día de los hechos, pese a lo cual el juez Pablo Yáñez rechazó decretar la prisión preventiva.
