El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal ante la justicia luego de detectar una presunta red de estafadores que se hacía pasar por funcionarios de la institución para ofrecer trámites migratorios a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero.
La acción judicial fue ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tras conocerse el caso de un trabajador de nacionalidad colombiana que habría sido contactado por individuos que aseguraban poder resolver su situación migratoria en Chile mediante un pago de $350 mil.
La estafa que descubrió el Registro Civil y que apunta a migrantes en Chile
De acuerdo con los antecedentes recopilados, los sujetos afirmaban trabajar en una oficina ubicada en el sector de Huérfanos con Manuel Rodríguez, en pleno centro de Santiago. Utilizando esta falsa representación, convencían a sus víctimas de entregar dinero para supuestamente agilizar o regularizar procesos migratorios.
La situación quedó al descubierto cuando una ejecutiva de una empresa de telecomunicaciones recibió la denuncia del afectado. Según el relato, el hijo del trabajador alcanzó a transferir $200 mil como adelanto antes de descubrir que se trataba de un fraude.
Tras recibir la información, el Registro Civil inició una investigación interna para verificar la posible participación de funcionarios. Sin embargo, el sumario concluyó que las personas mencionadas no pertenecían ni habían trabajado en la institución.
Frente a estos antecedentes, el organismo decidió recurrir a la justicia para perseguir a los responsables y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños. Además, solicitó que la Policía de Investigaciones (PDI) realice las diligencias necesarias para identificar a los involucrados.
La institución también pidió que se tome declaración tanto al ciudadano afectado como a los testigos que alertaron sobre el caso, con el objetivo de fortalecer la investigación.
Desde el Registro Civil reiteraron el llamado a la ciudadanía, especialmente a los migrantes, a desconfiar de cualquier persona que solicite pagos directos para gestionar trámites oficiales, recordando que estos procedimientos deben realizarse únicamente a través de los canales autorizados por el Estado.
