Una serie de presuntas irregularidades al interior del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género fueron denunciadas por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer (ANFUMMEG), que presentó acciones ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para que se investiguen eventuales delitos funcionarios, problemas de probidad y aumentos de remuneraciones que, según acusan, no habrían seguido los procedimientos establecidos.
La ofensiva del gremio ocurre en medio de la reestructuración que vive la cartera, tras la llegada de la ministra Judith Marín y la salida de la exsubsecretaria Daniela Castro (RN), quien dejó el cargo luego de diferencias con la secretaria de Estado. En su reemplazo asumió Marcia Raphael (RN).
La denuncia que remece al Ministerio de la Mujer: funcionarios acusan aumentos de sueldo irregulares y llevan el caso a Fiscalía
En un comunicado público, la directiva de ANFUMMEG manifestó su preocupación por lo que calificó como una creciente debilidad institucional y aseguró que existen antecedentes que ameritan ser investigados por eventuales faltas a la probidad, conflictos de interés y uso irregular de recursos públicos.
Entre las principales acusaciones, el gremio sostuvo haber conocido antecedentes de beneficios salariales “groseros” que habrían sido autoasignados durante el cambio de autoridades, situación que, afirman, debe ser esclarecida por los organismos competentes.
Las denuncias ingresadas ante Fiscalía y Contraloría apuntan a quienes resulten responsables del “desorden interno y de los aumentos de remuneraciones sin los procedimientos regulares”.
La organización también aseguró que desde el inicio de la actual administración comenzó a advertir un progresivo deterioro en el funcionamiento interno del ministerio.
Según detallan, se han registrado dificultades para el pago de proveedores, horas extraordinarias, viáticos, servicios básicos y beneficios como sala cuna, además de errores en procesos de compras públicas y otras falencias administrativas.
A juicio del gremio, esta situación ha provocado que la institución opere “en su mínima expresión y prácticamente sin ejecución presupuestaria”.
