La Contraloría General de la República (CGR) formuló reparos a la Universidad de Santiago (Usach) por eventuales deficiencias en la administración de los liceos que gestiona por mandato del Ministerio de Educación por más de $327 millones.
Esto, tras revisar los convenios entre ambos organismos durante el periodo entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, analizar los mecanismos de control, supervisión y de rendición de los recursos transferidos.
Luego de este análisis, se detectaron diversas irregularidades en la entrega de recursos para administrar establecimientos educacionales, entre los que están el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez y los liceos Experimental Artístico, Industrial de Angol, Industrial de Nueva Imperial y Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda.
Entre las principales observaciones está la existencia de pago de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia ($165.802.665), gastos rendidos por actividades no vinculadas al funcionamiento de los liceos ($103.783.058), bienes no habidos ($5.555.932) y la existencia de un trabajador registrado simultáneamente en la dotación de dos establecimientos sin acreditar el cumplimiento efectivo de sus jornadas laborales ($18.863.245).
Contraloría detalla eventuales irregularidades de la Usach
Contraloría constató que la Usach no dispone de “mecanismos formales asociados a conflictos de intereses en la administración de los liceos bajo su supervisión. En ese contexto, se detectó la contratación de una sociedad vinculada a un funcionario de la institución, así como de personas con vínculos familiares directos, situaciones que no se ajustan al principio de probidad administrativa, debiendo, en tales casos, las autoridades y funcionarios abstenerse de intervenir conforme a lo previsto en la normativa vigente”.
Frente a esto, se instó a la casa de estudios a establecer herramientas de control para asegurar el cumplimiento de esta situación, junto con instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de estos hechos.
Este análisis también permitió detectar que el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez imparte la especialidad Técnico-Profesional de Administración desde 2016, sin contar con la autorización de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, exigida por la normativa vigente.
Finalmente, el informe observó que la cantidad de cursos, especialidades formativas y matrícula de diversos establecimientos administrados por la Usach presenta disminuciones respecto de lo establecido en los convenios suscritos con el Ministerio de Educación, sin que existan antecedentes que acrediten la autorización correspondiente.
