Las empresas eléctricas, sanitarias y de gas natural manifestaron su rechazo a una disposición incorporada en la Ley de Reconstrucción que las obliga a restablecer gratuitamente los servicios básicos a clientes con cuentas impagas durante estados de catástrofe.
Los gremios sostienen que la medida podría afectar la recuperación de los suministros tras una emergencia y piden que sea eliminada antes de su promulgación.
Aunque el debate sobre la iniciativa se concentró en materias financieras como el derecho al olvido y la prohibición del anatocismo, el artículo 32 despertó una fuerte reacción en las compañías de servicios esenciales. La norma establece que las distribuidoras de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas de red deberán reconectar el suministro sin exigir pagos previos, incluso cuando las deudas hayan sido contraídas antes de la declaración de catástrofe y sin necesidad de acreditar que el usuario fue afectado directamente por la emergencia.
A través de una carta firmada por representantes de Empresas Eléctricas A.G., Andess y la Asociación de Empresas de Gas Natural, los gremios cuestionaron el alcance de la medida. “Más allá de la discusión jurídica, la norma introduce una señal de política pública difícil de justificar“, señalaron.
Asimismo, advirtieron que la disposición “termina extendiendo una medida de solidaridad a obligaciones incumplidas con anterioridad a la emergencia, debilitando los incentivos al cumplimiento”.
La legislación fija un plazo de 48 horas para restablecer los servicios de electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado, además de prohibir el cobro por reconexión, visitas técnicas u otros costos asociados.
También contempla compensaciones automáticas para los usuarios cuando las empresas incumplan esos plazos. Sin embargo, los gremios sostienen que el articulado no considera escenarios como caminos bloqueados, infraestructura dañada o condiciones de seguridad que dificulten el trabajo en terreno. “Durante una catástrofe obliga a destinar recursos operacionales escasos a esas reconexiones, pudiendo retrasar la reposición del servicio para miles de familias que sí estaban al día y esperan recuperar un suministro esencial”, afirmaron.
La disposición fue incorporada mediante una indicación parlamentaria en la Cámara de Diputados, posteriormente eliminada en comisión del Senado y finalmente restituida por la Sala.
Durante su tramitación, el Ejecutivo presentó una reserva de constitucionalidad sobre este artículo. En esa línea, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, calificó la iniciativa como “una mala señal regulatoria” y aseguró que constituye “un claro caso de expropiación regulatoria”.
