El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la confirmación del hallazgo de Bernarda Vera en Argentina, quien figuraba como detenida desaparecida en el Informe Rettig.
El secretario de Estado calificó como “grave” el caso que llevó a la Subsecretaría de Derechos Humanos instruir la realización de una investigación sumaria y oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se adopten las acciones correspondientes.
“Este caso demuestra que la Subsecretaría de Derechos Humanos está en lo correcto cuando ha instruido una revisión de las situaciones que se encuentran hoy día en esas nóminas, para evitar que existan otros casos en los cuales puedan existir errores”, comenzó diciendo Rabat en diálogo con Radio Infinita.
A lo que agregó: “Esta es una situación que se conoció en la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Plan nacional de Búsqueda en marzo del año 2024 y recién en el mes de junio del año 2025 se pone en conocimiento el ministro en visita extraordinario, Álvaro Mesa”.
Considerando lo anterior, enfatizó que “hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente, y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta, es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo, y eso nos parece grave”.
En este marco, el titular de Justicia aseveró que fortalecerán a “las personas que trabajan en el Plan Nacional de Búsqueda para poder revisar, precisamente, las situaciones de los procesos judiciales que actualmente se siguen, a objeto de no encontrarnos con otro caso como este”.
Ministro Rabat afirma que el Estado puede exigir la restitución de recursos en caso de Bernarda Vera
Sobre las razones por las cuales no se informó de este caso oportunamente, Rabat apuntó contra el gobierno anterior: “Hay que preguntarle a quiénes tuvieron la información y no la entregaron, y eso me parece grave”.
“Nosotros removimos a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda cuando llegamos en marzo del año 2026, fundado en la causal de falta de confianza, y la nueva jefa, entre el primero de abril del año 2026 y fines de julio del año 2026, logra que, precisamente, se materialicen estos exámenes de ADN y pueden llegar a esta realidad. Es decir, en tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años”, expresó.
Respecto a la restitución de recursos, el ministro manifestó que “el Estado de Chile, el fisco de Chile, a través del CDE, está en la situación de requerir todo pago quien no tenga una causa que lo justifique. Con independencia, de si quién lo recibió está de buena o mala fe. Es una cuestión de orden objetivo”.
En cuanto a si el caso de Bernarda Vera abre dudas sobre la confiabilidad del informe Rettig, el secretario de Estado expuso que “evidentemente, cualquier listado con muchas personas de cualquier naturaleza va a tener falencia. El problema es que no es uno. Al menos, hay nueve que se determinaron con anterioridad, y, si le agregamos casos de duplicidad, llevamos 12”.
“Frente a una duda razonable, ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Investigar”, aseveró, señalando que “por eso es que el Plan Nacional de Búsqueda va a fortalecerse en el sentido de que más personas estén analizando estos listados, objeto de que no existan dudas”, sentenció Rabat.
