Un examen de ADN ratificado por el Servicio Médico Legal (SML) confirmó que Bernarda Vera, mujer que figuraba en la nómina de los detenidos desaparecidos que dejó la dictadura militar, está viva en Argentina.
Fue en septiembre de 2025 cuando un reportaje de Chilevisión entregó detalles desconocidos de su caso, luego de dar con su paradero en el país vecino. Tras su detención en octubre de 1973, habría huido hacia Argentina para luego radicarse en Suecia.
El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, consigna que Vera había sido una de las víctimas de la denominada Masacre de Liquiñe, ocurrida el 12 de octubre de 1973.
Una vez que se confirmó que la mujer estaba viva, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, se reunió con su familia para comunicarles la noticia.
Desde el Gobierno, el biministro Claudio Alvarado abordó el tema y recalcó que “tiempo atrás se conoció públicamente (el caso de Vera). Entiendo que el juez que lleva la causa se reunió y comunicó a los familiares que había prácticamente un 100% de coincidencia en el ADN de esta persona, pero al mismo tiempo expresamente todos sabemos que hay una investigación de carácter reservada o secreta y esperaremos el desarrollo y la conclusión de la misma”.
Reacciones políticas
A raíz del caso de Bernarda Vera, la diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Flor Weisse (UDI), anunció que “hemos pedido que el CDE ejerza todas las acciones para que se recuperen los fondos del Estado por los cuales se benefició la familia de Bernarda Vera. Esta pensión fue obtenida de manera fraudulenta y se debe llegar hasta las últimas consecuencias”.
Desde la oposición, la senadora Loreto Carvajal (PPD) dejó en claro que “aunque el caso de Bernarda Vera es grave y el CDE debe evaluar perseguir penal y civilmente la devolución de cualquier tipo de beneficio que se haya adquirido de manera indebida, sin duda esta es una excepción“.
“No puede ser esto objeto tampoco de un aprovechamiento político ni poner en duda el Plan de Búsqueda“, apuntó.
Por otro lado, la bancada de diputados del Partido Republicano anunció que solicitará la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI). Alejandro Riquelme (REP) calificó de “máxima gravedad” lo ocurrido con Vera y que demuestra la necesidad que existe de revisar los antecedentes en materia de derechos humanos.
Con esta comisión, además, buscarán determinar eventuales responsabilidades institucionales y revisar si existen otros casos similares. También analizarán la entrega de beneficios estatales asociados a estos registros.
