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“Efectivamente, yo tengo fármacos”: exseremi de Magallanes formalizado por violación negó el delito

“Siento que hay un prejuicio”, manifestó Fabián Barrientos, quien quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la persona que realizó la denuncia.

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Fabián Barrientos, el exseremi de Salud de Magallanes formalizado este martes por violación, negó el delito y, aunque admitió que tiene fármacos en su poder, aseveró que en su caso existe un “prejuicio” por lo que se ha informado sobre lo ocurrido antes de que finalice la investigación.

La exautoridad regional manifestó que “siento que hay un prejuicio, se ha malhablado en términos de cuando uno ejerce un cargo público“.

Es delicado cuando se hace este tipo de cuestionamientos si es que uno no sabe cuáles son los reales hechos y cuando uno sabe la verdad”, dijo Barrientos en las declaraciones que le entregó a T13.

Exseremi de Magallanes reconoció que tiene fármacos

En la oportunidad, el exseremi reconoció que “efectivamente, yo tengo fármacos que están asociados a una patología de salud mental y evidentemente los fármacos estaban disponibles en mi habitación“.

Lo anterior, luego de que durante la formalización la Johanna Iribarra precisó que durante el encuentro de Barrientos con el denunciante, que viajó a la ciudad en calidad de escort, “hubo un consumo de alcohol y también consumo de otras sustancias, encontrándose la víctima privada de sentido cuando se produce esta agresión sexual“.

Además, la persecutora indicó que “el imputado señala que la riña se produce por un pago de dinero que estaba pendiente. Pero la víctima además agrega que se encontraba enferma, que estaba con un dolor estomacal y que el imputado no la quería trasladar al doctor”.

Por su parte, el abogado defensor de Barrientos, Juan Carlos Rebolledo, sostuvo que “lo claro es que aquí delito no hay. Ni siquiera hubo un acceso que pudiera mencionarse transgresor de alguna voluntad de alguien”.

Al concluir la formalización del imputado, el tribunal dejó al exseremi sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al denunciante, además de decretar un plazo de 120 días para la investigación.

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