El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, estableció nuevas reglas para las investigaciones que involucren a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, prohibiendo que fiscales realicen diligencias intrusivas destinadas a identificar o rastrear fuentes informativas protegidas.
La medida quedó establecida mediante el Oficio FN N° 967/2026, firmado el pasado 28 de julio, documento que contiene una instrucción obligatoria para todos los persecutores del país sobre cómo actuar cuando comunicadores figuren como víctimas, testigos o imputados dentro de una causa penal.
Según explicó la Fiscalía, el objetivo de la normativa es “entregar directrices para la investigación, práctica y límites que deben observar las diligencias investigativas cuando intervengan periodistas en una causa penal, ya sea como víctimas, testigos o imputados”.
La disposición surge luego de cuestionamientos por intentos judiciales de acceder a información de teléfonos de periodistas de La Tercera y Ciper en investigaciones vinculadas al denominado “Caso Audio”.
El instructivo establece que los fiscales no podrán impulsar acciones destinadas a conocer los vínculos confidenciales entre periodistas y sus fuentes.
En ese sentido, la orden señala expresamente que “se prohíbe a las y los fiscales promover cualquier tipo de diligencia de investigación intrusiva dirigida a obtener información sobre la fuente de la o el periodista”.
La restricción también alcanza a terceros relacionados con los comunicadores, impidiendo diligencias que busquen identificar contactos o revelar información protegida.
Desde el Ministerio Público argumentaron que vulnerar el secreto periodístico podría provocar un “efecto inhibidor” sobre futuras denuncias y afectar el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público.
La normativa además recuerda que “quienes ejercen labores periodísticas tienen derecho a mantener en reserva las fuentes informativas y no pueden ser obligados a revelarlas ni aun judicialmente“. Por ello, si un periodista declara como testigo, los fiscales deberán respetar esta garantía y buscar vías alternativas para obtener antecedentes relevantes.
El nuevo marco también amplía la protección a distintos trabajadores de las comunicaciones, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores, corresponsales, productores, ilustradores y creadores de contenido informativo en plataformas digitales.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que estas medidas no impiden investigar delitos cometidos por periodistas, señalando que “no se sigue que no pueda perseguirse legítimamente la responsabilidad de un trabajador de las comunicaciones por los delitos que éste hubiese cometido”.
