Por orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el exdiputado Joaquín Lavín León deberá permanecer cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto en el que se encuentra desde el 8 de mayo de este año por presunto fraude al fisco.
La fiscal Constanza Encina manifestó al cierre de la audiencia que “nos deja muy conformes que la magistrada dio cuenta de la gravedad de los hechos que se estaban investigando y que se desarrolló la extensión del mal causado que abarca prácticamente todo el período en que él ejerció como diputado de la República”.
La persecutora, además, dio cuenta de que el tribunal consideró “varias situaciones de obstrucción directa a la investigación que podrían afectar las declaraciones de testigos que van a ser citados y que tienen relación con las nuevas denuncias del Servel, con el uso de la plataforma y eliminación y datos de información que era muy relevante para el peritaje que hizo el Ministerio Público”.
Por su parte, el defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, reconoció que el tribunal mantuvo la medida cautelar “porque los delitos que se imputan pudiesen haber afectado la fe pública”,. Sin embargo, anunció que apelarán la resolución, debido a que ésta “no indica por qué otras medidas distintas a la prisión preventiva no cumple con la finalidad” de garantizar los objetivos del procedimiento.
A Lavín León el Ministerio Público le imputa la autoría de los delitos de fraude al fisco, cohecho, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias. Entre 2015 y 2022, según el relato de la Fiscalía Regional Oriente, presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsos y con ello obtuvo fondos del Congreso, que habría destinado a deudas de campaña y otro tipo de servicios personales, como la plataforma electoral SocialTazk.
También habría contratado a asesores parlamentarios que no prestaban estas funciones y que habrían trabajado en sus campañas electorales, así como en las de su esposa, Cathy Barriga, y su padre, Joaquín Lavín Infante (UDI). En total, el perjuicio supera los $200 millones. Adicionalmente, a Lavín se le investiga por haber ejercido influencias indebidas en la Municipalidad de Maipú mientras su esposa era alcaldesa.