La megarreforma y próximamente una reforma constitucional de seguridad se perfilan como las iniciativas más emblemáticas del Gobierno en sus primeros cinco meses. Sin embargo, durante ese periodo, la educación también ha sido parte de la discusión legislativa.
Tres semanas después de su llegada a La Moneda, el asesinato de una inspectora a manos de un estudiante en Calama, hizo al Ejecutivo dar forma al proyecto “Escuelas Protegidas”, que en su redacción original facultaba a los sostenedores para revisar mochilas de estudiantes y establecía la pérdida de la gratuidad universitaria ante la comisión de delitos.
Si bien estas dos medidas fueron declaradas inconstitucionales, en paralelo el Ministerio de Educación que lidera María Paz Arzola aún brega por otros proyectos que se alejan de aquellos que Michelle Bachelet impulsó en su segundo periodo: una reforma al Sistema de Admisión Escolar, y una iniciativa que pausa el traspaso de colegios municipales a los Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP).
La Fundación Educación 2020, fundada por Mario Waissbluth en 2008, fue parte de los expertos que entregaron propuestas cuando la Nueva Educación Pública —la reforma educacional de Bachelet— estaba en ciernes. Hoy Ingrid Olea, directora ejecutiva de la fundación, entrega su mirada a EL DÍNAMO de la agenda educacional del Gobierno.
“Hemos avanzado sin duda desde 2008 a la fecha, pero, a pesar de los avances, queda mucho por recorrer. Cuando se fundó la organización, el año 2020 era una meta. Con amarga ironía, el 2020 fue un año muy complejo para la educación debido a la pandemia, los cierres de colegios y el descenso en los aprendizajes. Aunque se evaluó cambiar el nombre, decidimos continuar porque nuestra misión sigue vigente: los niños y niñas en Chile aún no tienen asegurada una educación de calidad equitativa“; advierte.
Escuelas Protegidas
— El presidente promulgó el miércoles Escuelas Protegidas. ¿Cuál es tu evaluación de esta ley? ¿Qué valor le das a las medidas orientadas a lo más emblemático de esta norma, que es la revisión de mochilas?
— Este proyecto de ley se presenta por una situación extremadamente grave a la que había que responder. Los colegios pedían más herramientas para enfrentar hechos de violencia que ocurren con mayor frecuencia y gravedad, por lo que era importante que el Gobierno pudiera responder.
Ahora bien, nuestra apreciación es que las herramientas que los docentes necesitan no son solo mayores facultades, sino también mayor apoyo para no llegar a la situación de violencia. En ese sentido, la ley no se hace cargo de cómo prevenimos ni de cómo promovemos una convivencia saludable, de modo que no tengamos que llegar finalmente a revisar mochilas.
— Una de las críticas durante la discusión apuntaba a lo que decías, pero enfocada en los profesores, porque se les daba mayor facultad para llevar ciertos procesos disciplinarios en la sala de clases con cierta proporcionalidad. ¿Cómo evalúas esa ampliación de facultades que propone la ley?
— Siendo muy sincera, creo que vamos a tener que ver cómo opera en la realidad. Primero, tiene que haber una discusión en cada comunidad educativa sobre si se adoptarán estas medidas —por ejemplo, revisar mochilas o no— y, en función de eso, adecuar los protocolos. Creo que, tal como las otras medidas del proyecto, no es una facultad que ayude a que los conflictos desescalen para evitar medidas violentas. Los conflictos siempre van a ocurrir en los colegios, y aprender a resolverlos es parte de la formación que reciben los estudiantes.
— Se queda corta para prevenir la violencia, según entiendo.
— Se queda corta para prevenir los hechos de violencia. Además, antes incluso de la prevención, está la promoción: cómo promovemos ambientes en los que reine la buena convivencia.
Los SLEP
— ¿Qué les pareció la señal que dio el Gobierno al ingresar una ley para pausar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)?
— La Nueva Educación Pública, que inició el traspaso desde los municipios hacia los nuevos servicios locales, ya lleva ocho años y es de las políticas públicas con más evaluaciones durante su implementación. La misma ley contemplaba un traspaso progresivo y un consejo de evaluación que emite informes anuales.
En ese contexto, todos los informes señalan que hay que darle continuidad al proceso. Toda la evidencia identifica las áreas problemáticas, pero no sugiere pausar el proceso para evaluarlo, sino continuar. Sin embargo, nos encontramos con un proyecto de ley que propone exactamente lo contrario.
— En los últimos años, las críticas se han dirigido especialmente hacia la administración de los SLEP, al traspaso de deudas y sus resultados académicos. ¿Qué responde a esas críticas?
— Creo que hay críticas transversales, algunas muy justificadas y otras no tanto. Traspasar la educación desde los municipios a un servicio público nuevo es un proceso muy complejo: crear una institucionalidad desde cero y encomendarle la administración de decenas de colegios, miles de docentes y estudiantes implica enormes dificultades. Cuando se critica que los procesos en los SLEP son más lentos —como las compras—, eso es real mientras se están instalando, pues se agrega una capa administrativa.
Sin embargo, en cuanto a los resultados de aprendizaje, estudios muestran que se están logrando mejoras incipientes o que al menos no son peores. Respecto a la infraestructura, hay colegios con problemas que debieran arreglarse más rápido, pero esas mismas deficiencias existen en colegios municipales e incluso subvencionados. Es un sistema muy complejo, pero afortunadamente contamos con datos, información y estudios suficientes para pasar de la mera opinión a lo que realmente muestra la evidencia.
— ¿Apunta a que se puede cambiar el rumbo, pero no necesariamente pausarlo?
— Sin duda no es un proceso que necesite una pausa. Se argumenta que llevamos la mitad del sistema traspasado y que completar el resto en tres años es muy poco tiempo; pero el sistema no empezó a operar este año, sino hace ocho. Aunque las autoridades cambian con cada gobierno, el sistema hoy cuenta con las capacidades y con una maquinaria afianzada para instalar nuevos servicios locales año a año. El problema es que una pausa instala un estado de incertidumbre sobre el futuro que no le hace bien ni a los SLEP ni a la educación municipal.
La Nueva Educación Pública
— Los SLEP nacieron de la reforma educacional que pronto cumplirá diez años. ¿Cómo la evalúa, considerando que en el debate hay quienes han señalado esta reforma como el inicio de un declive?
— Varias de las reformas de ese ciclo llevan incluso más de diez años, por lo que tenemos elementos suficientes para evaluar qué funciona, qué no y qué hay que hacer para mejorar. Por ejemplo, en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el año pasado una mesa técnica transversal consensuó propuestas de mejora reconociendo que no era perfecto. Sin embargo, luego se presentó un proyecto de ley que no incorporó esas mejoras sino otros cambios. Con la educación pública pasa algo similar: la evidencia señala qué áreas fortalecer y resolver sin detener la implementación, pero el proyecto plantea detenerla.
— Uno de los pilares de esas reformas fue la gratuidad universitaria. Pero a casi 10 años, muchos jóvenes que accedieron a ella, están desempleados. ¿Qué crees que se podría hacer ante el fenómeno creciente del desempleo ilustrado?
— Sabemos que la gratuidad ha hecho más heterogéneo al grupo de personas que accede a la universidad. Esto conlleva sus propias complicaciones, como la necesidad de nivelaciones en primer año para estudiantes que no llegan con todas las competencias necesarias. También ha sido un proceso complejo para las universidades adaptarse en términos financieros.
Pero los profesionales que no encuentran trabajo en su área, son un problema separado de la gratuidad. Desde nuestra perspectiva —donde lo que más analizamos de educación superior son las carreras de Pedagogía— vemos una desarticulación entre los incentivos del sistema, como los requisitos de acreditación, y lo que se necesita en el campo laboral. Las pedagogías requieren mucha práctica guiada por docentes con experiencia en aula. Sin embargo, los criterios de acreditación premian tener académicos con doctorados y publicaciones en papers, lo cual desfavorece a las instituciones que priorizan contar con docentes con amplia trayectoria práctica en las aulas.
La reforma al SAE
— Sobre la propuesta de modificación al SAE que el Gobierno busca impulsar, ¿crees que intenta retroceder al sistema anterior o que podría generar espacios de discriminación?
— No intenta volver al sistema anterior en un aspecto muy importante: hay que valorar que desde que existe el SAE la postulación a los colegios no se hace de manera presencial o haciendo filas, sino a través de una plataforma web accesible, algo a lo que este proyecto da continuidad.
En lo que sí vuelve a como era antes es en quién toma la decisión final de ingreso. El SAE se creó ante un diagnóstico de alta segregación escolar para transferir la decisión a las familias. En el nuevo sistema se plantea que las familias elijan en una primera fase, pero luego se introduce una segunda etapa de «elección mutua» donde el colegio implementa sus propios procesos de selección y decide qué estudiante entra y cuál no. Aunque la ley busca evitar la discriminación, reabre espacios discrecionales y arbitrarios. Las entrevistas, por ejemplo, son muy preocupantes porque pueden dar espacio a discriminaciones, por lo que es un área que se debe fortalecer durante la tramitación para garantizar que no se produzcan.
— ¿Qué discriminaciones cree prioritario evitar?
— En Chile, muchas de las condiciones que se busca evaluar están estrechamente relacionadas con el nivel socioeconómico. Por ejemplo, fijar un horario laboral para las entrevistas impide la asistencia de personas con poca flexibilidad en sus trabajos. Del mismo modo, aplicar pruebas de conocimientos académicos suele perjudicar a estudiantes con menor capital cultural, dado que la evidencia demuestra la alta relación entre este y el desempeño académico.
— ¿Qué otras de las medidas que impulsa el Gobierno miran con atención?
— Estamos mirando con mucha atención cómo se desarrollará el proceso del presupuesto. Creemos que la disminución de la natalidad en Chile, normalmente vista de forma negativa, abre una gran oportunidad: al haber menos niños, mantener el gasto en educación permitiría aumentar los recursos destinados por estudiante. Estamos muy atentos para que la menor cantidad de niños no se utilice como justificación para destinar menos fondos a la educación.
