La Contraloría General de la República detectó que el alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz, intervino en la contratación o permanencia de 24 funcionarios municipales, con quienes mantiene relaciones familiares o de amistad.
Esto, luego de analizar las denuncias realizadas por un particular y la concejala Karina Soto por “eventuales contrataciones de personas cercanas al jefe comunal y a otros funcionarios del municipio”.
El accionar de Contraloría permitió determinar que entre las contrataciones cuestionadas estaba la cónyuge del alcalde de El Tabo y dos de sus hermanas, junto con dar cuenta que participó de manera directa en actos administrativos relacionados con estas contrataciones y situaciones laborales, pese a la existencia de vínculos que exigían su abstención.
El organismo fiscalizador también detectó que la red de relaciones alcanza a otras áreas estratégicas del municipio. En total, se identificaron 56 funcionarios con vínculos familiares o personales con autoridades municipales. De ellos, 16 están relacionados con el Director de Finanzas, nueve con el Director Jurídico, entre los que figuran su cónyuge, un hermano y una tía, y otros siete mantienen vínculos con el Director de Control.
Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó “invalidar los actos administrativos observados, además de establecer mecanismos de abstención en futuras decisiones y regularizar las situaciones contractuales detectadas”.
Asimismo, instruyó que el cargo de Secretario Municipal sea provisto por un titular y dispuso que, mientras ello no ocurra, el actual subrogante se abstenga de participar en asuntos relacionados con una funcionaria con la que mantiene una relación sentimental.
Pero la auditoría de Contraloría también encontró irregularidades en el traspaso de trabajadores desde honorarios al Código del Trabajo, al constatar que “el municipio no contaba con antecedentes suficientes para acreditar que los funcionarios cumplían los requisitos legales ni había realizado estudios financieros que permitieran determinar el costo de dichas incorporaciones”.
Por ello, el organismo ordenó elaborar un informe con la nómina de trabajadores traspasados entre 2023 y 2025, cuantificar el impacto financiero de la medida y mantener actualizada y publicada esta información.
