Camilo Huerta enfrentará este martes su formalización en una investigación que indaga una presunta organización dedicada al tráfico de marihuana y al lavado de activos, además de asociación ilícita, según los antecedentes reunidos por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS7 de Carabineros.
El expediente, compuesto por 173 tomos, describe una estructura que habría utilizado establecimientos comerciales para presentar como legales actividades vinculadas al cultivo, tenencia y venta de cannabis.
De acuerdo con los investigadores, la organización habría conseguido autorizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y patentes municipales con el objetivo de revestir de legalidad la comercialización de productos derivados de la marihuana.
Un informe policial sostiene que “el modus operandi de la organización contempló la obtención de autorizaciones para aparentar legalidad en el cultivo, posesión y comercialización de la sustancia, así como la obtención de patentes municipales para la operación de locales comerciales en diversas ciudades del país, donde se expenden productos de cannabis bajo la justificación de un supuesto uso terapéutico”.
La pesquisa apunta a una red que habría alcanzado 21 locales, distribuidos entre Antofagasta y Aysén. Dentro de ese escenario aparece Huerta, quien, según los antecedentes investigativos, no ocuparía una posición directiva dentro de la estructura, pero sí habría desarrollado funciones relevantes relacionadas con uno de los establecimientos.
Las pruebas que involucran a Camilo Huerta en investigación por drogas
El seguimiento policial también quedó registrado en el expediente. El 15 de julio, funcionarios del OS7 concurrieron hasta un domicilio de Lo Barnechea para verificar si Huerta residía allí junto a su pareja, Paula Pavic, sin encontrarlo.
Cinco días después regresaron al inmueble y establecieron que Pavic se encontraba fuera del país, mientras que Huerta había sido visto recientemente en el edificio. Posteriormente, el 25 de julio, los policías ubicaron un vehículo asociado al investigado en Estación Central y observaron su salida, iniciando un seguimiento que terminó en un gimnasio de Las Condes.
A estas diligencias se suman interceptaciones telefónicas incorporadas a la investigación. Una de ellas corresponde al 2 de julio de 2025 y registra una conversación atribuida a Huerta con una mujer identificada como Ivette, quien aparentemente colaboraba en un dispensario de Chicureo. Según el informe, durante el diálogo se aborda la falta de un envase de 1 ml y Huerta le indica que entregue dos de 0,5 ml de marihuana a un cliente.
Otra escucha incorporada al expediente aborda una disputa económica relacionada con un dispensario. En ella, Huerta habría conversado con una persona a quien identifica como Rodrigo, aparentemente abogado, sobre la propiedad, inversión y utilidades del negocio. El documento señala que “el dispensario está a nombre de Camilo, las boletas igual” y describe una discusión vinculada a los aportes económicos y a quién corresponderían las ganancias del establecimiento.
El OS7 también detalla que las labores investigativas incluyeron controles, vigilancias y seguimientos en distintos puntos de la Región Metropolitana y otras zonas del país. El informe concluye que “como resultado de dichas diligencias, fue posible ubicar y/o confirmar la residencia, presencia, desplazamientos o actividades de un número importante de los investigados, obteniéndose antecedentes relevantes que permitieron establecer sus movimientos, domicilios efectivos, vehículos asociados y vínculos con diversos puntos de interés investigativo, dando así cumplimiento a los objetivos fijados en las instrucciones particulares”.
La Fiscalía deberá exponer durante la formalización los antecedentes que atribuye a Huerta y al resto de los detenidos. Debido a la gravedad de los delitos investigados y a las penas asociadas, entre las medidas cautelares que podría solicitar el Ministerio Público se encuentra la prisión preventiva, decisión que finalmente deberá resolver el tribunal.
