La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la entrega de subsidios de arriendo correspondientes al Programa de Integración Urbana de Campamentos, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado junto a los Serviu regionales.
Según informó la entidad, la auditoría revisó los pagos efectuados entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
Uno de los principales hallazgos corresponde a 168 beneficiarios que habían fallecido y que aparecían vinculados al beneficio.
Según el informe, la Subsecretaría de Vivienda llegó a tardar hasta 1.133 días en regularizar contratos, generando un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553. A esto se sumaron 172 casos de personas que arrendaban inmuebles pertenecientes a familiares, con pagos asociados por $110.487.033.
La fiscalización también detectó 19 contratos de arriendo entre beneficiarios y sus propios cónyuges, situación que no se ajustaba a las condiciones del programa y que significó desembolsos por $14.405.016. Además, dos personas continuaron recibiendo el subsidio pese a haber obtenido una vivienda durante 2024, acumulando pagos por otros $3.539.119.
En total, las situaciones observadas representan más de $239 millones en recursos involucrados. El programa cuenta, además, con financiamiento parcial proveniente de un préstamo de US$120 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a una ejecución de cuatro años.
Frente a los resultados de la auditoría, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID los gastos relacionados con beneficiarios que no cumplían las condiciones establecidas. Asimismo, deberá finalizar el procedimiento disciplinario iniciado para determinar si existen responsabilidades administrativas de funcionarios por las situaciones detectadas.
