En medio de la discusión por el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, Acción Educar publicó un estudio donde se analiza la evolución de la gratuidad en educación superior entre 2016 y 2025.
El informe concluye que este mecanismo de financiamiento ha generado un déficit acumulado de 1,855 billones de pesos (US$ 1.927 millones) en las instituciones adscritas, producto de la diferencia entre los aranceles regulados por el Estado y los aranceles reales que cobran los establecimientos educacionales.
“El déficit se explica principalmente porque el arancel regulado es insuficiente y no existe posibilidad de cobro en los primeros seis deciles, además de que lo restringe para los deciles 7, 8 y 9. El Estado fija el arancel regulado según costos históricos, que no reflejan lo que efectivamente cuesta hoy impartir una carrera ni invertir en su calidad”, detalló Javiera Pavisic, investigadora de Acción Educar y autora del estudio.
Siguiendo en esa línea, explicó que “en promedio, la brecha con el arancel real alcanzó 29,7% en 2025 y llega a 55,2% en las universidades privadas no pertenecientes al CRUCH. En este sentido, casi un 70% del déficit total ha sido absorbido por universidades privadas, mientras que las instituciones del CRUCH cuentan con aportes basales adicionales, como el Aporte Fiscal Directo y el Fondo Basal por Desempeño, que no están disponibles para el resto del sistema”.
Zoom a la gratuidad en la educación superior
El análisis también muestra el aumento sostenido de alumnos que han sido beneficiarios de esta política. Cuando comenzó en 2016, cubría al 11,6% de los estudiantes de pregrado, mientras que en 2025 alcanzó al 46,2% de la matrícula, llegando a 613.227 personas.
En el caso de la instituciones adscritas, la cifra pasó de 30 a 68, lo que se significó que el gasto fiscal se cuadruplicara en términos reales y llegara a $2.225 miles de millones el año pasado.
Otro de los hallazgos de la investigación tiene que ver con la retención de alumnos. 272.508 estudiantes que recibieron gratuidad durante al menos un año -entre 2016 y 2023- terminaron desertando del sistema, lo que representa un gasto fiscal de aproximadamente $1,6 billones de pesos en trayectorias que no concluyeron en un título.
“El problema es de diseño y de tamaño”
“El problema de la gratuidad es de diseño y de tamaño. De diseño porque es en esencia una fijación de precios: el Estado define de manera discrecional cuánto vale cada carrera, en base a costos históricos considerados necesarios y razonables sin reconocer lo que cuesta invertir en calidad e innovación, y estandariza ese valor entre instituciones con proyectos educativos distintos”, comentó Francisca Espinoza, directora de Estudios de Acción Educar.
Al mismo tiempo, señaló que “prohíbe el copago de los beneficiarios y lo limita, lo que deja a las instituciones cada vez más dependientes del Estado y con menos autonomía para crecer y mejorar. Y de tamaño, porque absorbe casi tres de cada cuatro pesos del presupuesto de educación superior, de modo que cualquier ajuste termina recayendo en todo lo demás. A casi diez años de su implementación, es imperativo corregirla”.
“Financiar el acceso sin incentivos para completar los estudios tiene un costo fiscal considerable que hoy no se está evaluando. Más de 272 mil estudiantes beneficiados desertaron sin titularse, y eso representa recursos públicos que no se tradujeron en el objetivo que la política busca cumplir”, añadió.
