Luis Silva, subsecretario de Justicia, también se vio envuelto en la polémica por la rebaja de penas, por vía administrativa, a violadores y abusadores de niños por parte de su cartera, ya que se conoció que entregó el beneficio sin esperar que la Justicia resolviera el recurso de amparo interpuesto por el condenado.
El hecho ocurrió cuando Silva se desempeñaba como ministro subrogante, concediendo la baja de pena a José Jaime Silva Olivares (64), quien debía cumplir cinco años tras las rejas por un abuso sexual, cometido en octubre de 2021 en Quillota.
Según consignó T13, José Silva debía estar en prisión hasta octubre de este año, pero fue liberado el pasado 24 de junio.
El involucrado, recluido en la cárcel de Quillota, solicitó el beneficio apelando a la Ley 19.856 por comportamiento sobresaliente. La comisión encargada de revisar los antecedentes validó la reducción y determinando que debía ser liberado en enero pasado.
En vista que no existía la resolución que oficializara su liberación, Silva Olivares presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual solicitó los antecedentes para su revisión al Ministerio de Justicia y Gendarmería.
Sin embargo, el pasado 24 de junio y cuando el recurso de amparo aún no era zanjado, el subsecretario Luis Silva firmó el decreto que confirmaba la rebaja y posterior liberación del pederasta apelando a la llamada economía procesal y evitar la “judicialización innecesaria de materias ya resueltas”.
El caso de José Silva Olivares es parte de los 56 violadores y abusadores de niños que recibieron el beneficio por parte del Ministerio de Justicia por resolución administrativa, generando una crisis al interior del Gobierno.
