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Contraloría revela 315 funcionarios con condenas trabajando en el Estado: Carabineros concentra la mayor cifra

Carabineros, el Ejército y la Armada figuran entre las instituciones con más funcionarios involucrados.

La Contraloría General de la República (CGR) identificó a 315 funcionarios públicos que mantienen condenas por crimen o simple delito, pese a que la legislación establece que estas sanciones son incompatibles con el ejercicio de cargos en la Administración del Estado.

El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, que advirtió 317 registros de condenas asociados a estas personas y ordenó iniciar las investigaciones correspondientes para determinar eventuales responsabilidades.

Contraloría revela 315 funcionarios públicos con condenas trabajando en el Estado: Carabineros concentra la mayor cifra

El informe se elaboró mediante un cruce de información del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).

Del total de funcionarios identificados, 149 se desempeñan en organismos del gobierno local, mientras que los otros 166 pertenecen a instituciones del gobierno central.

En ese sentido, la situación contraviene lo establecido en el artículo 54 de la Ley N°18.575, que contempla esta prohibición para quienes registran condenas por crimen o simple delito.

Entre las instituciones que concentran más casos aparecen Carabineros de Chile con 84 funcionarios; el Ejército con 22; y la Armada, con ocho.

También figuran la Municipalidad de Valdivia, con seis personas, y la Fuerza Aérea, con cinco. En tanto, las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt registran cuatro casos cada una, mientras que la Municipalidad de Tocopilla suma tres funcionarios en esta situación.

Respecto de las condenas detectadas, la Contraloría contabilizó 73 casos asociados a crímenes y 244 a simples delitos. Estas últimas cifras permiten establecer que dos funcionarios registran más de una condena.

Ante estos antecedentes, el organismo instruyó a las entidades involucradas iniciar las indagaciones necesarias para establecer posibles responsabilidades administrativas, especialmente en aquellos casos en que no se habría informado oportunamente la condena al jefe de servicio ni iniciado el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente.

Además, las instituciones deberán informar si los antecedentes penales fueron considerados en los respectivos procesos de calificación funcionaria, particularmente en los criterios relacionados con el comportamiento social y la probidad. La inhabilidad sobreviniente corresponde a una condición que aparece después del ingreso de una persona a la Administración Pública y que le impide continuar desempeñando un cargo estatal.

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