El acuerdo entre el Gobierno y OpenAI para explorar el uso de inteligencia artificial en el sector público abrió un nuevo debate sobre la protección de datos personales y la autonomía tecnológica del país.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmó el memorándum con Sam Altman, CEO de OpenAI. El convenio busca impulsar herramientas de inteligencia artificial en la administración pública, modernizar procesos y capacitar a funcionarios estatales.
Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos desde la oposición. Parlamentarios solicitaron conocer el contenido íntegro del documento y aclarar qué compromisos asumió el Estado, qué información podría utilizar la empresa y cuáles serán los mecanismos para proteger los datos de la ciudadanía.
La controversia también se produce mientras el Gobierno impulsa una postergación de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
Bajo este contexto, el Ministerio de Ciencia afirmó que el convenio no contempla la transferencia de información sensible de los ciudadanos y que las capacitaciones se realizarán con datos abiertos o sintéticos, sin utilizar información personal ni bases de datos confidenciales de organismos públicos.
Pese a estas explicaciones, la cartera reconoció que no puede entregar públicamente el documento firmado. No obstante, sostuvo que la ministra contaba con las autorizaciones correspondientes del Gobierno y de Cancillería para concretar el acuerdo.
Qué contempla el acuerdo entre Chile y OpenAI
El memorándum establece la iniciativa denominada “OpenAI para Chile”, que forma parte del programa internacional OpenAI for Countries.
De acuerdo al Ministerio, el objetivo es estudiar posibles aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar la gestión pública, desarrollar capacidades tecnológicas y fortalecer la innovación nacional.
Durante la presentación del convenio, Lincolao destacó que la incorporación de estas herramientas debe realizarse con mecanismos de control. “Con controles claros y supervisión humana en cada caso”, señaló la ministra al referirse a las condiciones de uso de la inteligencia artificial.
El documento establece un acuerdo de colaboración, sin compromisos comerciales. Además, considera la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio y de OpenAI. Esta instancia se reuniría inicialmente una vez al mes para analizar prioridades, programas de capacitación, posibles proyectos y sus respectivos riesgos.
Parlamentarios exigen conocer el documento y cuestionan el manejo de los datos
Las condiciones del acuerdo generaron preocupación entre distintos parlamentarios de oposición. El senador Diego Ibáñez (FA) solicitó al Ministerio de Ciencia una copia íntegra del memorándum, incluidos sus anexos y el eventual acto administrativo que respalda su aprobación. También pidió a la Contraloría que revise su legalidad.
Entre sus principales interrogantes, el legislador planteó cómo se seleccionó a OpenAI, si el Gobierno analizó otras alternativas y qué costos podría implicar el desarrollo de proyectos posteriores.
“¿Por qué no fue una licitación? ¿En qué compromete los datos personales de las y los chilenos?”, cuestionó al anunciar sus solicitudes.
La diputada Gael Yeomans (FA) también ofició a la ministra Lincolao y a la subsecretaria Carolina Rossi. “Queremos conocer el acuerdo completo, a qué se comprometió el Estado y si OpenAI va a tener acceso a nuestros datos y con qué fines”, afirmó.
La parlamentaria también pidió aclarar dónde se almacenaría la información, si la empresa podría utilizarla para entrenar sus modelos y si el Gobierno realizó una evaluación de riesgos antes de firmar.
Otro de sus cuestionamientos apunta a la participación de OpenAI en la mesa de trabajo que definirá las prioridades y posibles aplicaciones de inteligencia artificial en el sector público. Yeomans considera necesario aclarar qué influencia podría tener la compañía en la identificación de las necesidades tecnológicas del Estado.
Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la Comisión de Ciencias, cuestionó el momento en que se concretó el convenio. La parlamentaria recordó que el Congreso mantiene en discusión iniciativas para regular la inteligencia artificial y que el Gobierno impulsa aplazar la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre datos personales.
“Nosotros estamos tramitando leyes de inteligencia artificial y me parece inconcebible que el gobierno no haya alertado esto, incluso cuando propone una prórroga de la entrada en vigencia de datos personales”, sostuvo.
El presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara, Daniel Manouchehri, también solicitó explicaciones. Sin embargo, señaló que espera conocer los detalles directamente de la ministra antes de evaluar el alcance del convenio.
“Le hemos pedido a la ministra que explique el acuerdo con OpenAI en la próxima sesión de la Comisión de Ciencias y se ha comprometido a asistir. Queremos conocer cuáles son los alcances y cómo se protegerán los datos y la independencia tecnológica de Chile”, indicó.
Ante los cuestionamientos sobre privacidad, el Ministerio de Ciencia insistió en que el memorándum no contempla entregar información sensible de los ciudadanos a la compañía.
La cartera explicó que las primeras actividades estarán enfocadas en la formación de funcionarios públicos y que utilizarán información que no comprometa la privacidad de las personas ni la seguridad de los organismos estatales.
“La formación podrá realizarse con datos abiertos, nacionales e internacionales, y con datos sintéticos. No se utilizará información personal de la ciudadanía ni bases de datos confidenciales del Estado”, aseguró el Ministerio.
Además, señaló que sus equipos tienen instrucciones para incorporar expresamente estas condiciones en los planes de capacitación.
Respecto de eventuales proyectos futuros, Ciencia reiteró que cada iniciativa deberá someterse a una evaluación particular. Antes de su implementación, tendrá que establecer requisitos específicos sobre seguridad, protección de datos y condiciones de contratación.