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Informe UDP advierte que Chile sigue sin contar con registro de víctimas del estallido social

Las académicas Elizabeth Lira y Daniela Mansilla reconocen los avances en atención sanitaria de las personas lesionadas en las manifestaciones, pero reparan en que el Estado no ha logrado articular una política integral de reparación.

A siete años del estallido social, el Estado aún no cuenta con un registro consolidado que establezca cuántas personas fueron víctimas de violencia institucional durante ese periodo, ni una política de reparación integral dirigida a ellas. Esa fue una de las principales conclusiones de la investigación realizada por las académicas Elizabeth Lira y Daniela Mansilla para la 24.ª edición del Informe del Centro de Derechos Humanos UDP.

En el estudio, las autoras revisan las medidas adoptadas por el Estado para atender a las personas que sufrieron lesiones durante las manifestaciones, así como las dificultades que persisten para garantizar su rehabilitación. Si bien reconocen los avances en la respuesta sanitaria, plantean que esta no ha sido acompañada por una política integral.

“Las distintas iniciativas desarrolladas posteriormente, incluida la Comisión de Víctimas de Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no lograron consolidar un registro único e interinstitucional de las víctimas“, advierten Lira y Mansilla.

Las cifras

El informe recoge una de las primeras medidas del Ministerio de Salud de la época, vale decir, la creación de Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), en noviembre de 2019 y el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 460 personas con heridas oculares entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020.

Al 30 de junio de 2022, el PIRO registraba 399 personas atendidas desde su puesta en marcha. La mayoría en la Región Metropolitana (78%), Valparaíso (7%) y 58 de otras regiones (14%). En 2022, con su reformulación a Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (PACTO), amplió la cobertura e incorporó la atención en salud mental. También, en agosto de 2023, se incluyó dentro del programa a personas con lesiones graves y perdigones alojados en el cuerpo.

Por otra parte, a diciembre de 2023 el Hospital del Salvador informaba una nómina de 487 usuarios, que incluía a personas con trauma ocular, lesiones por perdigones y con lesiones graves. Por tratarse de fuentes, periodos y criterios distintos, los números no son comparables ni permiten establecer el total de víctimas.

En 2024, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que tenía registradas 82 personas que habían solicitado la extracción de perdigones. Sin embargo, las autoras advierten que ese número corresponde solo a quienes acudieron a pedir el procedimiento y no representa el universo total de personas que mantienen proyectiles.

Dificultades en la continuidad de la atención

Lira y Mansilla, si bien reconocieron en el informe la incorporación de prestaciones de salud mental, identificaron problemas en el seguimiento de las personas atendidas. Entre ellas se encuentran dificultades para evaluar la gravedad de los casos, registrar cambios en los motivos de consulta y seguir a quienes abandonan el programa o son derivados.

Asimismo, advirtieron que las orientaciones de PACTO tampoco consideran la supervisión de los equipos y los casos, ni medidas para prevenir el trauma vicario y la fatiga por compasión.

El informe rescata, además, un reportaje publicado en 2023 que informó del suicidio de al menos cuatro personas que habían sufrido pérdida ocular durante el estallido social. Para las investigadoras, estos casos evidencian la necesidad de incluir la prevención al trabajo habitual con las víctimas

La falta de un registro

En sus conclusiones, las autoras recuerdan que el Ministerio de Salud registró 13.046 atenciones de urgencia asociadas al estallido social. Sin embargo, la cifra corresponde a atenciones, no a personas, y da cuenta de un universo potencial de víctimas mayor que el de quienes recibieron atención por trauma ocular.

En esa línea, enfatizaron en que la rehabilitación en salud, como componente de la reparación, “debe articularse con los otros ámbitos de la reparación integral, lo cual hasta ahora no ha sucedido”.

Por ello, recomendaron implementar una política nacional que articule medidas sanitarias con acciones jurídicas, sociales, económicas y simbólicas, así como un registro unificado que permita identificar víctimas y hacer un seguimiento de sus necesidades. También instaron a fortalecer PACTO, de manera de garantizar cobertura nacional y continuidad de la atención.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026 será presentado este martes 17 de noviembre, a las 12.00 horas en el Aula Magna de la Universidad Diego Portales.

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