Durante a semana pasada el Congreso despachó el proyecto que modifica la Ley 21.040 que creó el Sistema de Educación Pública, que busca flexibilizar los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y cambiar el calendario de traspaso de los establecimientos hasta 2035.
Sin embargo, el proyecto fue remitido al Tribunal Constitucional (TC), luego de que diputados de oposición presentaran un requerimiento contra parte de la iniciativa que permite postergar el traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La decisión provocó una dura reacción del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien comenzó diciendo que “está en juego el futuro de cientos de niños. Hoy día Ñuñoa tiene la mejor educación pública de Chile. Por una amplia mayoría transversal en el congreso se logró suspender el traspaso a los SLEP por razones bastante obvias. A los colegios de Ñuñoa les va mejor que al SLEP al cual se iban a traspasar”.
El jefe comunal también utilizó una comparación para explicar su rechazo al cambio de administración. A su juicio, trasladar los establecimientos a un sistema que todavía no alcanza sus resultados podría perjudicar a los estudiantes. “Era quitarles los patines a estos niños y poner en riesgo su educación”, afirmó.
El origen de la controversia está en la reforma a la Ley 21.040, que creó el sistema de Nueva Educación Pública. El Congreso aprobó la modificación el pasado 9 de noviembre, con el objetivo de flexibilizar las condiciones para que determinados municipios puedan aplazar su ingreso a los SLEP.
La iniciativa contempla una alternativa para las comunas que acrediten buenos resultados académicos y una situación financiera adecuada. Si cumplen los requisitos, podrán solicitar que sus establecimientos permanezcan bajo administración municipal.
La posibilidad de postergar el traspaso también considera una evaluación periódica. Las solicitudes podrán renovarse cada año y el proceso tendrá como fecha límite 2035.
Sichel defendió la reforma y planteó que el plazo adicional permitirá evaluar el desempeño de ambos modelos antes de avanzar con una transferencia definitiva.
“Se tomó una decisión sabia y de sentido común: que se esperara hasta 2035 para ver si los SLEP conseguían los mismos resultados que Ñuñoa, de manera de nivelar hacia arriba el sistema de educación pública”, explicó.
No obstante, el requerimiento ante el TC obliga a resolver primero las objeciones constitucionales antes de que las disposiciones cuestionadas puedan convertirse en ley.
Sichel acusa contradicción del Frente Amplio
El alcalde también apuntó sus críticas al Frente Amplio. Cuestionó que el sector recurra al Tribunal Constitucional para impugnar una norma y recordó las críticas que anteriormente había formulado contra esa institución y el marco constitucional que la sustenta.
“¿Qué hizo el Frente Amplio? Una cosa completamente irracional. Usó lo que antes decían que era la Constitución de Pinochet y el tribunal que antes llamaban antidemocrático, el Tribunal Constitucional, para tratar de paralizar la ley”, declaró.
Para Sichel, la presentación judicial no representa una defensa de la educación pública. Por el contrario, considera que busca impedir la aplicación de una norma que entrega a los municipios la posibilidad de conservar sus establecimientos cuando acrediten buenos resultados.
El jefe comunal advirtió, además, sobre las consecuencias que esta disputa podría tener para los estudiantes que asisten a los colegios municipales. “Tomaron de rehenes a niños entre 8 y 18 años para que no pueda suspenderse el traspaso a los SLEP y dejarlos en una incertidumbre más profunda”, acusó.
Por ahora, la continuidad de los colegios bajo administración municipal depende de cómo avance la controversia ante el Tribunal Constitucional. Mientras se resuelven los cuestionamientos, Ñuñoa enfrenta un escenario marcado por la discusión sobre los resultados educativos, la validez de la reforma y los plazos para implementar el nuevo sistema.