Suspensión de licitaciones y actualización de patrimonio: las primeras decisiones de la Convención
Desde ahora, cualquier compra o licitación deberá contar con la autorización expresa de la presidenta Elisa Loncon y del vicepresidente Jaime Bassa.
Por Hernán Claro
La primera sesión se realizó en el Salón de Honor del Congreso de Santiago. AGENCIA UNO
En el Salón de Honor del Congreso en Santiago y tras solucionar una serie de problemas tecnológicos, la mesa de la Convención Constitucional inició sus sesiones y dio a conocer las primeras decisiones que adoptó para el correcto funcionamiento de la instancia.
Del paquete de medidas entregadas por el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, destacan la suspensión de cualquier nueva licitación por parte del Ministerio Secretaría General de Presidencia (Segpres), la petición de la mesa para actualizar las declaraciones de patrimonio e interés de los convencionales y el aumento del presupuesto de la Convención Constitucional.
No más licitaciones sin autorizar
Respecto a la suspensión de licitaciones, Jaime Bassa explicó que junto a la presidenta Elisa Loncon “nos tomamos la libertad de ordenar la suspensión de todo proceso de licitación nuevo, de modo tal de que no se inicie ninguna compra, ninguna licitación pública sin nuestra autorización expresa”.
“Eso lo podemos mantener durante un tiempo, pero es demasiado trabajo para dos personas, entonces necesitamos una comisión para eso”, precisó el vicepresidente.
En relación al aumento del erario asignado para el funcionamiento de la Convención Constitucional, Bassa explicó que la mesa acordó con el Ejecutivo pasar de los $6.700 millones a un total de $8.370 millones.
Convencionales deben actualizar patrimonio e intereses
Dentro de sus primeras decisiones, la mesa de la Convención Constitucional también estableció que los 155 convencionales deberán actualizar su declaración de interés y patrimonio, bajo los estándares de la Contraloría General de la República.
Principalmente, como recordó Jaime Bassa, porque los constituyentes “tienen la obligación de actualizar su declaración de intereses y patrimonio. El plazo para eso es de 30 días (desde que se asume el cargo) y ya está corriendo”.
“Hay dos grandes alternativas, una era utilizar la plataforma del Servel (Servicio Electoral), en la cual hicieron las declaraciones, y la otra es usar la plataforma de Contraloría. Como mesa decidimos implementar la plataforma de la Contraloría que tiene mayores estándares de control, fiscalización y transparencia”, explicó.
Por último, Bassa reiteró que la actualización de las declaraciones de patrimonio e interés “es de responsabilidad individual y existen sanciones legales asociadas al incumplimiento de los plazos y del nivel de transparencia que queremos”.
Junto a estas medidas, la mesa de la Convención Constitucional realizará durante la jornada el sorteo de los puestos en el hemiciclo que tendrá cada constituyente.
Además, se buscará crear comisiones de Ética, Presupuesto y Administración y una para elaborar el reglamento provisorio que regirá para los 155 convencionales constituyentes electos.
En paralelo, según manifestó Jaime Basa, la mesa quiere ampliar el número de sus integrantes a siete, ya que sería “demasiado trabajo” para que sólo puedan realizarlo él y Elisa Loncon.
