El grupo parlamentario encargado de informar la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, por eventual incumplimiento a la Constitución y las leyes, se reunió para trazar el camino que seguirá conforme al mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
En la sesión, el grupo determinó que será el diputado Cristhian Moreira (UDI) quien dirigirá las labores de la instancia.
Asimismo, se acordó sesionar con la modalidad mixta presencial-telemática los días lunes, de 14:00 a 16:00 horas. Esto, sin perjuicio de las jornadas adicionales que se puedan requerir.
Según se informó, el trabajo se iniciará el lunes 4 de julio. Para dicha oportunidad, se contemplan dos invitados: la profesora de Derecho Constitucional, Tania Busch; y el profesor de Derecho Privado de la UC, Jorge Baraona. En todo caso, se determinó que, hasta el viernes, se podrán incluir más invitados.
Cabe resaltar que integrarán también la comisión, además del diputado Moreira (IND), María Candelaria Acevedo (PC), Natalia Romero (IND), Fernando Bórquez (UDI) y Christian Matheson (IND).
La acusación constitucional se ingresó el pasado 15 de junio conteniendo 161 páginas y la suscriben los diputados de la bancada republicana.
El texto se centra en la responsabilidad de la secretaria de Estado en el fallido control de la delincuencia y los hechos de violencia. En esa línea, precisa que Siches, “por acción u omisión, comprometió gravemente el honor y seguridad de la nación, infringió la Constitución y las leyes y dejo estas sin ejecución”.
En particular, la acusación constitucional responsabiliza a la ministra de la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur. Específicamente, el libelo apunta a la situación en las provincias del Biobío y Arauco, así como de la región de La Araucanía.
Cabe mencionar que, de acogerse la admisibilidad de la propuesta y resultar aprobada, luego, en el Senado, la ministra enfrenta la destitución del cargo y se le impone la inhabilidad para el ejercicio de otros puestos públicos, por un plazo de cinco años.
