La Brigada de Delitos Económicos de la PDI emitió un informe donde apunta a la figura de la diputada Catalina Pérez por eventual tráfico de influencias en la investigación que se lleva adelante por la entrega de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva, y que dio origen al caso Convenios.
Si bien la parlamentaria dejó en claro que no estaba vinculada a esta indagatoria, donde aparece su ahora ex pareja Daniel Andrade, representante de Democracia Viva, y su otrora jefe de gabinete, Carlos Contreras, quien posteriormente fue designado seremi de Vivienda.
“No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros”, sostuvo en su momento Catalina Pérez.
Pero un informe de la PDI, dado a conocer por La Tercera, apunta que u0022conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarzeu0022.
“Fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”, señala el documento.
Testigos claves
Entre quienes prestaron declaración estaba Marietta Méndez, funcionaria a honorarios de la Seremi de Vivienda y analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien consigna que “les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios”.
Méndez hizo hincapié que “en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura”.
Junto con ello, la PDI también se fijó en la concejala RD Paz Fuica, cercana al seremi Contreras y que “habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”.
Ante esto, para la policía civil “llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”.
