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Comisión investigadora acusa contratos “amarrados” entre gobierno de Piñera y Luis Hermosilla

El cuestionado contrato por $12 millones entre el Ministerio de Salud y Luis Hermosilla fue firmado cuatro días antes del cambio de mando.

comisión investigadora por caso Luis Hermosilla

La comisión investigadora que analiza el eventual pago de sobornos por parte de Luis Hermosilla a estamentos públicos como el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero acusó la presencia de contratos “amarrados” entre el Ministerio de Salud y el abogado durante el gobierno de Sebastián Piñera.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la instancia parlamentaria, indicó que además de los conocidos vínculos entre el Ministerio del Interior y Luis Hermosilla en la administración anterior, por más de $200 millones, salió a la luz un contrato con el Minsal para defender al ex ministro Enrique Paris.

“Recibimos información por parte de la Subsecretaría del Interior con más de $200 millones durante los gobiernos de Sebastián Piñera, pero lo sorprendente es que también llegó un contrato desde el Ministerio de Salud, firmado horas antes de la salida del gobierno de Sebastián Piñera, para defender al ex ministro (Enrique) París, en el caso relativo a la pandemia del Covid-19″, detalló el legislador.

El parlamentario hizo un llamado a investigar estos hechos, considerados graves, ya que “se estén firmando este tipo de contratos para estar amarrados al futuro Gobierno en pagos millonarios, que no sabemos cuál es la utilidad de estos, si era para cubrir estos casos o también era para cubrir los otros casos que pareciera que el señor Hermosilla estaba colaborando activamente”.

Según consignó radio ADN, el contrato de Luis Hermosilla fue firmado el 7 de marzo de 2022, cuatro días antes del cambio de mando.

Pero el diputado Manouchehri también puso énfasis en que el pago por la defensa a Paris, cerca de 12 millones de pesos, tuvo que ser visado por el ex subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, nombrado durante la actual administración.

“Ahí lo que corresponde jurídicamente es ver si él estaba administrativamente obligado a firmar el pago de ese contrato, y eso lo que hay que determinar: si efectivamente los servicios se prestaron, si se prestaron habría que haberlos pagado o habría que haber recurrido a la Contraloría, pero es un tema que tiene que dar cuenta el propio ministerio”, explicó el presidente de la comisión investigadora.

En otra arista del caso Hermosilla, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que sobre los movimientos financieros del abogado en su cuenta corriente, aseverando que entre septiembre de 2021 y octubre de 2023 se detectaron transacciones que suman más de $4.370 millones.

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