El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó su esperado análisis sobre la reforma de pensiones a la Comisión de Hacienda del Senado, dando cuenta de 11 puntos de riesgo y sus respectivas medidas de mitigación, dejando en claro que el proyecto del Gobierno “es necesario”.
Según precisó Jorge Rodríguez, “el CFA considera que desde el punto de vista fiscal es necesario avanzar en una reforma de pensiones, para mitigar las presiones de gasto exclusivamente sobre el pilar no contributivo. Hasta el minuto, como no ha habido una reforma previsional que dé una solución más integral en la materia, todo el peso de avanzar en solucionar esta materia ha estado en la PGU”.
El presidente del organismo indicó que el principal riesgo es “sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal que implica la reforma”, ya que “la fuente de ingresos permanentes adicional que contribuye a financiar los gastos permanentes de la reforma es la ley de cumplimiento tributario, que en régimen se espera que recaude el equivalente a 1,5% del PIB por año”.
“Como se discutió en el marco de dicho proyecto, existe cierta incertidumbre respecto de la cantidad a recaudar y la gradualidad con que ella se concretará. A la vez, dicha recaudación es requerida no solo para nuevos gastos en materia previsional. La recomendación del CFA en su momento fue que debe existir un calce entre los ingresos y gastos, considerando su cantidad y temporalidad”, explicó Rodríguez.
Para mitigar esta situación, se puede “partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal, y activar su aumento (ya sea en cobertura o monto de los beneficios) en la medida que se cumplan ciertas condiciones a partir de gatillos automáticos”.
Los otros riesgos que detectó el Consejo Fiscal Autónomo
A este riesgo se suma el “monitoreo integral de los riesgos fiscales del Gobierno Central y el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)”, puesto que “los riesgos fiscales del FAPP (que incluye un componente importante de deuda a través de los préstamos de los cotizantes en su primera etapa) pudieran quedar fuera de las reglas y de la institucionalidad fiscal del país”.
Frente a esto, el Consejo Fiscal Autónomo propuso “mecanismos que permitan que la institucionalidad fiscal y las reglas fiscales permitan realizar un monitoreo integral de los riesgos fiscales, en particular de la deuda, incluyendo al gobierno central y el FAPP”, instando al Ministerio de Hacienda a realizar un estudio internacional sobre “las mejores prácticas internacionales para abordar este desafío”.
Además, consideró “revisar el rol del FRP como instrumento de apoyo al financiamiento de obligaciones fiscales previsionales”, ya que complementa el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas de la PGU, por lo que “las reglas de acumulación y uso del FRP deberían vincularse con las necesidades de financiamiento del gobierno central para el componente no contributivo del sistema de pensiones”.
El cuarto riesgo de la reforma de pensiones es la “fijación de metas superavitarias de balance estructural a mediano plazo”, por lo que “la Dipres debería analizar avanzar hacia metas de superávit de Balance Estructural necesarias en los próximos años para garantizar la sostenibilidad fiscal, para permitir la recomposición del FEES y, potencialmente, mayores aportes al FRP”.
En tanto, el Consejo Fiscal Autónomo alertó sobre el fortalecimiento de la institucionalidad, ya que la iniciativa establece que el Consejo Consultivo Previsional (CCP) analice el monto entregado por la PGU, lo que debería ser visado por el propio Consejo respecto a su financiamiento, por lo que ambos estamentos deben estar fortalecidos.
Junto con ello, el CFA dio cuenta de la “cuantificación y control de otras presiones de gasto que podrían surgir por la reforma”, ante lo cual hay que “realizar estudios que cuantifiquen el impacto de la reforma en empleadores de entidades públicas fuera del gobierno central para anticipar las presiones de financiamiento”.
Otro estamento considerar es la “evaluación de efectos macroeconómicos de la reforma y sus efectos fiscales indirectos”, considerando el uso de “un modelo de equilibrio general para realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de la reforma en variables macroeconómicas”.
La CFA puso foco en el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), ya que “el Seguro Social será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que la gestión de inversiones del FAPP estará a cargo de un organismo autónomo y técnico”, por lo que “es fundamental que la institucionalidad asociada al FAPP sea lo más robusta posible”.
Para cerrar, el Consejo Fiscal Autónomo instó a ajustar las edades de jubilación, revisar la capitalización del FAPP y considerar los pasivos contingentes.
