La decepción del mundo ecologista con el Gobierno es total. En una dura columna, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, califica la administración de Gabriel Boric como el “peor Gobierno desde la vuelta a la democracia” en materia medioambiental.
En entrevista con EL DÍNAMO, Liberona reafirma estos cuestionamientos, explica por qué dice que el Ministerio del Medio Ambiente se ha subordinado al de Hacienda y asegura que no espera nada de la Cuenta Pública de este domingo 1 de junio.
—¿Qué espera escuchar del presidente Boric en la Cuenta Pública respecto a la agenda ambiental, considerando que usted califica este período como “el peor gobierno desde la vuelta a la democracia” en materia medioambiental?
—La verdad no espero nada de la Cuenta Pública, pues independiente de la evaluación y/o promesas que pueda hacer, estamos ante una situación en que los hechos hablan por sí solos.
—En su columna menciona que este gobierno pasó de autoproclamarse “ecologista” a promover un discurso “puramente extractivista”. ¿En qué se ve reflejado esto a su juicio?
—Me parece que esto no necesita mucha explicación, pero en mi opinión la aprobación de proyectos Los Bronces Integrado, sin considerar el impacto que este genera a los cuerpos de agua y glaciares, fue la primera manifestación.
Luego vinieron una serie de hechos: el incumplimiento de la promesa que hiciera el presidente en 2022 de sacar las salmoneras del interior de áreas protegidas, el retraso de la entrada en vigencia de la Ley de Plásticos de un solo uso, la promoción que ha hecho el gobierno de Chile para la instalación de la industria del hidrógeno verde en el país, la ausencia de regulación a las plantas desaladoras, la promoción de la extracción del litio sin tener información científica sobre la biodiversidad e hidrología de los salares. En general, la promoción de la extracción de minerales críticos para la transición sin haber realizado un debate con distintos actores y por ende con una clara falta de participación ciudadana.
La reciente modificación al reglamento agua, suelo y humedales de la ley N° 20.283, promesa incumplida de una ley de prevención de incendios, normativa para frenar las parcelaciones, en fin, son muchas las cosas que se pueden decir, pero tal vez una que es muy relevante es que ni siquiera se ha comenzado un proceso para terminar con la contaminación en las zonas de sacrificio.
—Usted destaca que el Ministerio de Hacienda ha tomado control de la agenda ambiental, especialmente con los anuncios de Mario Marcel sobre el fast track para proyectos de inversión. ¿Qué impacto concreto ha tenido esta subordinación de lo ambiental a lo económico?
—Es difícil saberlo, pero podemos aproximarnos a algunas respuestas. Primero, el Ministerio de Hacienda es quien asigna o recorta presupuesto y en este sentido no solo en este gobierno sino que desde siempre los temas ambientales no tienen el presupuesto que deberían, pasa esto con el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental. No contar con dinero para fiscalización es una forma de permitir que los proyectos de inversión no cumplan la legislación vigente y eso pasa con todos los sectores que se someten a evaluación ambiental (minería, salmonicultura, energía, etc). Por otra parte, están los presupuestos para la implementación de áreas protegidas terrestres y marinas sobre los cuales hay varios estudios que dan cuenta de las brechas de financiamiento. Pero sin duda en que en el pacto fiscal promovido por el ministro Marcel se consagran tres iniciativas de ley para promover la inversión que tiene que ver con el medio ambiente es un síntoma claro de este Gobierno. A esto se suma el anuncio del fast track de proyecto en el cual Marcel, aseguró que esto es un trabajo conjunto con Economía y Minería y que se traducirá en una propuesta legislativa para asegurar la inversión, lo cual evidentemente genera preocupación.
— ¿Cómo describiría la actual relación entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil en temas ambientales?
—Si bien muchas ONGs apoyaron la candidatura del presidente Boric, durante este gobierno ha existido muy poca relación con las autoridades, pues no se han abierto espacios formales para conocer la agenda de trabajo ambiental o sectorial con componentes ambientales de la presente administración.
Si bien hay reuniones, siempre queda la sensación que no se recogen las inquietudes de las organizaciones ambientales, que se avanza lento o no se avanza.
—¿Por qué?
Muchas de las organizaciones ambientales tenemos un trabajo de años en temas sectoriales y ambientales, lo que nos da experiencia; sin embargo, en la actual administración no existe un reconocimiento a esta historia, el cual, sí existió en otras administraciones, incluso en los gobiernos de Sebastian Piñera. Pues esto no se trata de estar de acuerdo se trata de la política pública ambiental del país, del cumplimiento de la legislación vigente y del apego del estado de Chile a los convenios internaciones suscritos.
—Con la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE siendo ignorada por el gobierno actual, ¿qué consecuencias ve para Chile en términos de su reputación internacional y cumplimiento de compromisos ambientales globales?
—Existen tres Evaluaciones de Desempeño Ambiental en Chile, las recomendaciones que se establecen en ellas, son eso “recomendaciones”. Pero evidentemente influyen en cómo se ve el país en estos temas. En el caso de la última evaluación hay temas de asociados a la ausencia de normativa de suelos que deberían haber sido recogidas, pues por una parte el presidente Boric se comprometió a patrocinar una ley Marco de Suelos en el Parlamento y no lo hizo, luego el ministro Valenzuela prometió indicaciones que tampoco envió.
El tema suelos es muy importante y en Chile no tenemos legislación y tampoco normas ambientales sobre suelo, por tanto cuan contaminados están los suelos del país, por ejemplo en las Zonas de Sacrificio, en las faenas mineras, en la población expuesta a relaves, etc.
