El último informe de Contraloría que dio cuenta de una serie de irregularidades en la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), entre las que destacan desregulación del sistema, excesivos plazos de tramitación y más de 5 mil usuarios fallecidos con cuentas activas, hicieron que voces del propio oficialismo pidieran la salida de Pamela Gana, tras la controversia generada por el Caso Licencias Médicas.
En su revisión, Contraloría detectó el retraso e incumplimientos en el plazo de tramitación de los recursos de reposición interpuestos por los profesionales sancionado.
En 96 registros se superan los 30 días hábiles administrativos entre la fecha interposición del recurso y la de dictación de la resolución terminal. Asimismo, se identificaron 62 registros (65% de los casos analizados) donde incluso los plazos alcanzan los 427 días hábiles, que exceden los 6 meses dispuestos por la normativa.
“Estos hallazgos denotan una prolongada demora en la resolución de los expedientes, lo que puede generar acumulación de casos pendientes, afectando la eficiencia operativa de la repartición fiscalizada. El retardo injustificado en la tramitación de estos procedimientos da cuenta que los funcionarios involucrados no observan el orden normativo que los rige, poniendo en riesgo el logro de los fines del servicio, como también los derechos de los ciudadanos y las entidades fiscalizadas”, cuestionó Contraloría.
A esto se suma el convenio entre Fonasa y Suseso para el intercambio de información, donde el Fondo Nacional de Salud no ha cumplido con la entrega, dentro de los diez primeros días de cada mes, de los archivos de las cotizaciones.
Frente a esta situación, el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud del Senado, pidió a La Moneda la salida de Pamela Gana de la Suseso, aseverando que el informe de Contraloría “le pone una lápida a una mala gestión donde lo natural es que quien dirige la Superintendencia dé un paso al costado en aras de una vez por todas de tener una institución eficiente que es la que el país requiere”.
“No es posible que la Superintendencia de Seguridad Social, el organismo que fiscaliza a Fonasa, a las COMPIN en materia de licencias médicas, tenga más de 5.000 registros de personas fallecidas como si estuvieran vivas. No es posible que haya más de un millón y medio de accesos de gente que no está registrada y que entran los datos sensibles de esa superintendencia por licencias médicas que están apelándose”, cuestionó Castro.
Sus palabras fueron compartidas por el presidente de la Comisión de Salud, el DC Iván Flores, que planteó que “con este Informe el Gobierno debe tomar una decisión. Cuando alguien no tiene los dedos para tocar ni la Appassionata de Beethoven, ni otra partitura, debe dar pie para que llegue otra persona. Este informe de Contraloría es muy duro”.
