Para el jueves 19 de junio fijó la Fiscalía Oriente el día en el que el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, deberá prestar declaración por el presunto uso irregular de recursos públicos en su campaña de reelección, de acuerdo con el informe entregado por la Contraloría General de la República (CGR).
En su reporte, el órgano contralor estableció que el gobernador metropolitano contrató la asesoría de la empresa Vera y Asociados con el supuesto propósito de capacitar a los funcionarios, pero en realidad se abordaron temas políticos asociados a su campaña de reelección.
La fecha para la declaración de Orrego la estableció la fiscal Constanza Encina y, según se informó desde el entorno de la autoridad regional, para hacer frente a esta nueva causa, que se suma a la del Caso ProCultura, el gobernador metropolitano contrató los servicios del estudio de abogados Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann (BACS).
Programa Alerta VIF y el vínculo entre Orrego y la Fiscalía Nacional
Sin embargo, y pese a que ya está fijada la fecha, existen factores que podrían inhabilitar no sólo a la Fiscalía Oriente, sino también a las otras fiscalía de la RM para conocer la causa.
Aquello tiene que ver no sólo con el vínculo que estableció en su momento en su rol de alcalde de Peñalolén y luego como intendente con las referidas fiscalías, sino también con los convenios activos que suscribió en su rol de gobernador con las mismas y que, según le dijeron fuentes del Ministerio Público a La Tercera, “implicarían inhabilidades manifiestas”.
Es en ese contexto que se menciona el encuentro que mantuvo en marzo de este año Claudio Orrego con los persecutores Lorena Parra, Xavier Armendáriz, Marcos Pastén y Alex Cortez (s), representantes de las cuatro fiscalías regionales metropolitanas, para analizar los proyectos que se estaban trabajando en común.
En aquella ocasión la fiscal Lorena Parra valoró en particular el programa Alerta VIF, enfocada en las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. “Fue un proyecto que permitió cambiar la vida de las personas y que vale la pena emprender”, aseveró en la ocasión.
Son estos y otros contactos previos entre Orrego y los jefes de las fiscalías regionales metropolitanas los que, en definitiva, podrían hacer que todos ellos tuvieran que inhabilitarse, por lo que la causa tendría que ser trasladada a la fiscalía de otra región del país.
