El Ministerio Público detalló la modalidad que empleó el diputado Joaquín Lavin Jr para cometer un fraude al fisco por un monto de alrededor de 200 millones de pesos, en el marco de la solicitud de desafuero del legislador independiente.
De acuerdo con el escrito que presentó la fiscal Lorena Parra ante la Corte de Apelaciones, el parlamentario gremialista creó la plataforma Socialtazkn con dineros provenientes del Congreso para la venta de servicios con fines electorales, aunque según él era solo para apoyar su trabajo como diputado.
En el texto al que accedió La Tercera, la persecutora de la Fiscalía Oriente sostuvo que Joaquín Lavín León “ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional“.
Según explican quienes están interiorizados de la investigación, Socialtazk era financiada con fondos fiscales y sus servicios se entregaban a cambio de “información privada de millones de personas que los candidatos obtenían en el desempeño de sus labores públicas“.
En el escrito se apunta que el propósito de acceder a estas bases de datos se vincula a un negocio en que participan los hermanos Lavín León.
“El imputado no solo mantiene un interés personal y político en la empresa Modo74 y en su plataforma Socialtazk, sino que también se ha podido detectar que el desarrollo de la aplicación fue desde un inicio concebido para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia“, se lee en el documento.
El mecanismo del fraude al fisco que implementó Joaquín Lavín Jr
La Fiscalía asegura que Lavín Jr implementó un mecanismo con el que cometió fraude al fisco tras instruir a todo su equipo de asesores parlamentarios que “destinaran su jornada laboral en el Congreso para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos que eran proporcionadas por los candidatos UDI en sus respectivas cuentas, además de ordenar que los contactaran telefónicamente, para validar la información que mantenían de cada uno de ellos”.
En esa línea, el Ministerio Público puntualizó que solo en este caso la defraudación ascendería a más de 93 millones de pesos.
“Los funcionarios del Congreso destinaron gran parte de sus jornadas durante los años 2020 y 2021 a contactar telefónicamente a la totalidad de personas contenidas en las bases de datos electorales aportadas por los candidatos UDI, a capacitarlos en el uso de la plataforma, e informar diariamente sus avances al resto del equipo del parlamentario”, puntualizó el texto.
Por otra parte, en el escrito se detalló la manera a través de la cual Joaquín Lavín Jr cometió fraude al fisco mediante facturas ideológicamente falsas para pagar las millonarias deudas de su campaña parlamentaria.
“En relación con el delito de fraude al fisco, ha sido posible determinar que el honorable diputado Joaquín Lavín León, desde al menos el año 2015 al 2024, rindió de manera sistemática y reiterada facturas ideológicamente falsas al Congreso Nacional, requiriendo el reembolso de gastos ajenos a su función parlamentaria, obteniendo de esa forma pagos improcedentes por parte de dicha institución pública, con cargo a los cuales financió campañas y otros proyectos políticos y electorales de su partido”, plantea la solicitud de desafuero del parlamentario de la UDI.
“Estas maniobras, ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784“, se detalla en el texto presentado ante la Corte de Apelaciones.
Por qué se pide el desafuero de Lavín León
A continuación la fiscal Lorena Parra aseveró que “las conductas antes descritas han afectado en su esencia el recto desempeño de la función administrativa, como también la objetividad, imparcialidad y eficacia en los procesos de la administración pública y el patrimonio público del Estado“.
“El imputado Lavín León ha faltado gravemente a sus deberes parlamentarios y ha cometido, a juicio del Ministerio Público, los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, los cuales requieren prontamente su desafuero y formalización”, concluyó.
