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Eliminación de Segegob, Injuv y acotar gratuidad en educación: las medidas de Comisión Asesora para reducir gasto fiscal

La instancia precisó que la aplicación de cerca del 50% de las propuestas realizadas generaría un ahorro de $1.941.888 millones anuales.

El Ministerio de Hacienda recibió el informe final de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, el cual contiene 34 recomendaciones para un uso más eficiente y sostenible de los recursos fiscales en el corto, mediano y largo plazo.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos, expresó que “actualmente son muchos los desafíos que enfrenta el gasto público, por lo que los cambios que el país requiere deben enfrentarse con realismo y mediante un acuerdo político amplio”.

En su presentación, la Comisión Asesora precisa que 16 de ellas podrían generar ahorro en el gasto público por $1.941.888 millones anuales a largo plazo, es decir, 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las principales medidas está la eliminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y traspasar sus funciones a la cartera de Interior, ya que luego de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, se transformó en “un coordinador del Gobierno”. En esta línea, se pide revisar la continuidad del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

En materia educacional, la Comisión Asesora instó a modificar el mecanismo de expansión de la gratuidad en educación superior, generando un ahorro de $456.502 millones, junto con evaluar incorporar el criterio de edad en la asignación de gratuidad por $80.848 millones.

En cuanto a salud, se pide fortalecer la gestión hospitalaria y la eficiencia operativa del sistema público, el traspaso funcional de Cenabast a ChileCompra y una revisión y ajuste del Plan de Inversiones en hospitales.

Junto con ello, el organismo llamó a restringir el uso de recursos de la Provisión para Financiamientos comprometidos, del Tesoro Público, para fines distintos de los que originaron la provisión; la identificación específica de la fuente de financiamiento de los Proyectos de Ley que generan gastos permanentes; y congelar el personal de dotación y fuera de dotación a nivel de 2025, al igual que las remuneraciones.

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