Sin piso para su aprobación. Ese es el estado actual del proyecto de ajuste al sector público impulsado por el Gobierno tras la negociación con las asociaciones de trabajadores del Estado.
Entre los 26 puntos de consenso —que deben ser aprobados por ambas ramas del Congreso—, una norma que endurece los requisitos para remover al personal a contrata desató la furia de los republicanos y Chile Vamos.
En concreto, la indicación innova en la materia de despidos de funcionarios públicos añadiendo un requisito extra: sólo podrán ser removidos a través de “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.
A esa norma quedarían sujetos contratados en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades.
Desde la oposición denunciaron que la propuesta, en términos concretos, funcionará como una ley de amarre en caso de ser aprobada, puesto que reduciría la capacidad del futuro gobierno de José Antonio Kast para hacer ajustes en los equipos que acompañarán a ministros y otras autoridades designadas.
Y si bien los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Nicolás Grau (Hacienda) salieron a defender la propuesta, lo cierto es que en las propias filas del oficialismo ven con distancia el proyecto que podría beneficiar a militantes y otros funcionarios afines al actual Gobierno.
“Desde la perspectiva política, este es el último gran error del gobierno del Presidente Gabriel Boric. No tiene ningún sentido que a pocos meses del término gobierno, cuando ya hay un Presidente electo, se plantee una norma como esta”, comenta a EL DÍNAMO el jefe de bancada de diputados PPD, Raúl Soto.
El diputado sostiene que una norma de esas características debería ser tratada en una reforma de modernización del Estado que modifique el estatuto administrativo y no a través del reajuste anual.
“Nosotros vamos a aprobar el reajuste que se propone, pero esta norma que modifica la confianza legítima, entre otras cosas, se deben ver en una reforma más profunda”, acota.
Una posición similar expresa el subjefe de la banda, el diputado Héctor Ulloa quien, además cuestiona que “no hemos sido incluidos como parlamentarios en estas reuniones con la CUT y demás organismos sindicales, ni se ha socializado los alcances del acuerdo”.
Y añade: “Esperamos que desde el gobierno se nos tome más en cuenta, que se nos haga partícipes de la discusión, y no se nos ponga entre la espada y la pared al momento de la votación del reajuste”.
El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, dice a este medio que los falangistas están en análisis, pero reconoce el problema que representa incluir en la tramitación una norma que podría afectar la instalación del futuro gobierno.
Además, pone en cuestión los alcances de endurecer los requisitos para la no renovación de los funcionarios a contrata. “Hay un vacío en ciertas circunstancias porque la ley establece cargos de confianza en el caso de Seremis, ciertos cargos que se eligen por ADP (…) Pero hay otros que quedan en la penumbra. Están contratados bajo la modalidad de contrata por tener afinidad política, pero la ley no lo establece de manera clara”, sostiene Barría.
La ofensiva opositora
En la oposición al Gobierno han explorado varios caminos para frenar no sólo la ley de amarre, sino que también otro tipo de nombramientos de altas autoridades, siendo el más cuestionando el de Patricia Muñoz que fue designada por Boric como directora del recientemente creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, anunció un requerimiento ante el TC si es que el proyecto avanza. En paralelo, la bancada del gremialismo ofició a la Contraloría por la apertura de concursos públicos para cargos a contrata de altos sueldos.
El sentimiento generalizado en el sector es que el Ejecutivo está impulsando una norma que no fue considerada en los años previos cuando pudo afectar al mismo gobierno de Boric, por lo que —a juicio de las bancadas de derecha— se estaría incurriendo en un intento de “apernar a operadores políticos”.
“Los amarres de funcionarios públicos constituyen un claro conflicto de interés y una grave falta de transparencia; cuando se amarra a personas en puestos que deben ser ocupados por profesionales calificados, se debilita la eficiencia del Estado y se erosiona la confianza ciudadana”, dice a EL DÍNAMO la subjefa de la bancada UDI, Marlene Pérez.
En esa misma línea, el diputado Jorge Guzmán (EVO), sostiene que “la norma de amarre del Ministro Grau es bastante impresentable. La falta de pudor es evidente. Hay que ser bien poco serio, para pretender incorporar una norma de esas características que no la implementaron en su gestión, pero sí la pretenden incorporar para un nuevo gobierno. Evidentemente atenta contra el fair play y la sana transición democrática”.
El diputado Stephan Schubert (REP) acota que “esto no es transparente y yo espero que el gobierno recapacite. Aquí va a entrar una administración nueva y si a esto le sumamos que se ha adelantado ciertos concursos para algunos cargos con la finalidad de dejarlos ya instalados, creo que no corresponde a una transición de mando. Yo espero que recapaciten, eliminen ese artículo y podamos aprobar el reajuste de conformidad a lo que se discuta en ambas Cámaras”.
