El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la ley de reajuste al sector público en medio de los cuestionamientos que ha recibido por su contenido y afirmó que introducirá cambios en uno de sus puntos clave, respecto a lo que la oposición ha llamado “amarre” a funcionarios que ingresaron al Estado durante el Gobierno de Gabriel Boric.
La norma de “amarre” restringía el despido de funcionarios públicos a contrata, estableciendo que solo podrían ser removidos a través de “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”. Esto, siempre y cuando llevaran dos años en sus funciones, quienes también podrían acudir a Contraloría en caso de considerar que su despido era ilegal.
Sin embargo, recientemente el ministro Grau explicó que habrá un cambio en este sentido, asegurando que el derecho a reclamo será para funcionarios que lleven más tiempo en sus respectivos cargos.
Ministro Grau detalla la modificación a la norma de “amarre” de funcionarios públicos
“Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años“, sostuvo en conversación con Radio Duna.
“Por lo tanto, este derecho a reclamo no va a estar para personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”, añadió.
Lo anterior, haciendo alusión a uno de los principales reclamos de la oposición, que señalaba que el Ejecutivo buscaba “amarrar” a quienes habían ingresado durante la actual gestión.
“Sería difícil de entender que con todo este cambio no pudiéramos llegar a un acuerdo”, manifestó el secretario de Estado.
En esa línea, enfatizó que “es importante que el gobierno que entra pueda definir con mucha eficiencia y sin ningún contratiempo sus equipos de confianza en los gabinetes”.
Teniendo en cuenta lo anterior, recalcó que por “primera vez, se va a poner en la ley que todos los asesores, es decir, sus gabinetes, tienen que salir el 11 de marzo y en los casos que no se presente la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esas salidas”.
