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Oposición pone los ojos sobre plataforma web del Gobierno que busca instalar legado de Boric 

Desde distintos sectores de la oposición señalan a EL DÍNAMO que esta plataforma web levanta dudas respecto al uso de recursos públicos en una iniciativa de carácter político que va más allá de la gestión del Ejecutivo.

“Aquí está el principal sello de Gobierno”, dijo la ministra vocera, Camila Vallejo, al momento de presentar la plataforma “1.000 Avances”, sitio web que apunta a defender el legado de la administración de Gabriel Boric a dos meses de dejar La Moneda. 

La iniciativa, a cargo de la Segegob, se enmarca en el esfuerzo del Ejecutivo por construir una narrativa de legado a través de distintas iniciativas que vieron la luz en estos cuatro años: la reforma previsional, el Royalty Minero, la Ley Papito Corazón, el acuerdo entre Codelco y SQM, son algunos de los “logros” del Gobierno que destacan en la plataforma.

“La tarea que hemos tenido que asumir en estos casi cuatro años ha sido principalmente estabilizar, avanzar y transformar. No por tener que haber enfrentado distintas crisis, dejamos de transformar”, manifestó Vallejo al presentar la iniciativa junto a los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Antonio Orellana (Mujer), Luis Cordero (Seguridad), Álvaro García (Economía y Energía), Ximena Aguilera (Salud) y Nicolás Cataldo (Educación).

El lanzamiento de la plataforma contó con una amplia difusión en redes. El video de promoción de la iniciativa fue compartido en todas las cuentas de redes sociales de los Ministerios y Subsecretarías, incluida la del Gobierno de Chile. 

“Durante este gobierno estabilizamos un país que enfrentaba graves crisis sociales y económicas, avanzamos con logros que benefician directamente a las familias y transformamos estructuralmente a Chile con más justicia social”, fue la bajada que se le dio en las redes sociales.

Oposición oficiará a Contraloría para fiscalizar recursos involucrados 

Desde distintos sectores de la oposición señalan a EL DÍNAMO que la plataforma levanta dudas respecto al uso de recursos públicos en una iniciativa de carácter político que va más allá de la gestión del Ejecutivo.

El jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, afirma que “llama profundamente la atención que ya se esté hablando del legado de un gobierno que aún no termina. Los legados no se imponen ni se llevan adelante usando recursos públicos, plataformas o servicios web de un ministerio; es la ciudadanía la que valora un gobierno”.

Y advierte que “queremos indagar y vamos a oficiar al respecto a la Contraloría para que se pronuncie en esa materia”.

El diputado Mauro González (RN) apunta a que “esta situación abre una legítima preocupación respecto del uso de recursos públicos con fines esencialmente políticos. Resulta difícil de justificar que, en un contexto de estrechez fiscal reconocida por el propio Ejecutivo, se destinen recursos a campañas de autopromoción gubernamental, en desmedro de prioridades sociales urgentes y de programas que han sido objeto de recortes.

“Estimamos indispensable solicitar a la Contraloría que investigue el origen de los recursos utilizados en esta plataforma, los procedimientos de contratación asociados y la concordancia de su objetivo con la normativa vigente sobre uso de recursos públicos y comunicación institucional”, agrega. 

Jorge Guzmán, diputado Evópoli, acota que “los legados se defienden por sí mismo, no de forma forzada como pretende el Gobierno. Me daría vergüenza estar presionando y destinando recursos públicos a crear un relato de un legado inexistente. La ciudadanía recuerda al presidente y su gobierno como una gran mentira, que llegó a gobernar con un discurso que se diluyó al poco andar. Ese es el verdadero legado”.

A su vez, el diputado Roberto Arroyo (PSC) precisa que si bien que “desde un punto de vista puro y simple no parecería irregular” resulta políticamente cuestionable que “estando aún en ejercicio, el Gobierno destine esfuerzos institucionales y económicos a defender un legado, ya que ello desdibuja la frontera entre rendición de cuentas y propaganda política”.

“Estamos evaluando acciones fiscalizadoras, particularmente ante la Contraloría General de la República, para revisar la legalidad del gasto y su finalidad, además de invitar a las autoridades correspondientes en el Congreso para aclarar criterios, costos y objetivos de la iniciativa”, sentencia. 

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