La defensa de Claudio Orrego presentó el informe del abogado constitucionalista Gastón Gómez, ex militante de RN, en el cual se llama a la Justicia a rechazar su desafuero, en el marco de la investigación de la Fiscalía en su contra por el Caso ProCultura.
En el escrito, el jurista recalca que el fuero de Claudio Orrego como gobernador “constituye una garantía institucional de carácter excepcional, cuyo objeto es la preservación del normal funcionamiento del órgano gobierno regional y de la voluntad popular expresada en la elección democrática del cargo”.
En esta línea, Gómez detalla que “en cuanto excepción al principio de igualdad ante la ley, su interpretación y aplicación deben ser necesariamente restrictivas y ajustadas a estándares estrictos de mérito penal”.
Es por esto que se pide “la justificación plausible de la existencia del delito imputado y la presunción fundada de participación penal del aforado”.
Informe insta a rechazar desafuero de Claudio Orrego
Según el abogado constitucionalista, el desafuero del gobernador metropolitano debe seguir el principio de inocencia, lo que “impide fundar el levantamiento del fuero en imputaciones genéricas, inferencias amplias, reproches de gestión o confusiones entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal”.
“Exige que la imputación sea penalmente precisa, objetivamente fundada y resistente a las explicaciones plausibles de la defensa”, puntualizó Gastón Gómez.
Respecto a las acusaciones en contra de Claudio Orrego, el jurista puntualizó que “no se configura de manera razonable el delito de fraude al Fisco, por cuanto la imputación carece de una descripción concreta de dolo defraudatorio, simulación contractual o consentimiento doloso de una defraudación ajena”.
Es por ello que “la solicitud de desafuero no alcanza la suficiencia probatoria requerida para presumir fundadamente una participación penal, dolosa y jurídicamente relevante del gobernador”, ya que “los antecedentes invocados no permiten establecer un nexo directo entre la autoridad aforada y un perjuicio fiscal penalmente relevante, ni desvirtúan las explicaciones plausibles ofrecidas por la defensa, conforme a las exigencias jurisprudenciales del estándar de antecedentes calificados”.
Frente a este escenario, “resulta jurídicamente improcedente y constitucionalmente desproporcionado autorizar el levantamiento del fuero sobre la base de imputaciones que no satisfacen los estándares estrictos desarrollados por la jurisprudencia”.
