Almuerzos, reuniones y grupos de WhatsApp. A través de esos canales, la oposición al Gobierno de José Antonio Kast ha intentado articularse desde marzo con el fin de tener un relato y acción común frente a la intempestiva agenda que ha impuesto La Moneda. Sin embargo, los esfuerzos no han dado los frutos que algunos quisieran.
A dos días de que el Ejecutivo ingrese la ley miscelánea —denominada como la “madre de las batallas” en los partidos de oposición— las fuerzas opositoras han constatado un complejo escenario: falta de injerencia en las comisiones clave, dominio de la derecha en la Cámara y el Senado, y la fragmentación del sector.
La idea del Gobierno es sacar el paquete de medidas antes de septiembre. Plazo ambicioso pero realista, dicen en el oficialismo, considerando que la testera de la Cámara de Diputados es controlada por Jorge Alessandri (UDI) y la mesa del Senado por Paulina Núñez (RN). Ese factor permite a la derecha controlar los tiempos legislativos y el ritmo del debate que, adicionado a las urgencias que puede ingresar el Ejecutivo, hace prever un despacho express.
A esa fórmula se suma que la Comisión de Hacienda de la Cámara es dirigida por Agustín Romero (Partido Republicano), cercano al presidente Kast y quién no ha dudado en emplazar incluso a sus aliados de Chile Vamos para cuadrarse con el proyecto. En el Senado, en tanto, es Javier Macaya (UDI) quién controlará el debate en Hacienda.
En la oposición reconocen que ese dominio pone cuesta arriba la intención de dilatar la tramitación. Eso sí, la apuesta es que el proyecto sea revisado por otras comisiones —como la de Vivienda o Gobierno Interior— para “dotar de profundidad” al debate.
Más allá de los tiempos legislativos, en la oposición reconocen que lo realmente importante es tener los votos para presionar al Gobierno a que ceda en aspectos importantes como lo es la eliminación de contribuciones de la primera vivienda, norma que ha sido calificada como una “línea roja” en sectores de la izquierda.
El problema es que al día de hoy, en la oposición no existen coaliciones y en los hechos hay tres bloques más o menos definidos que actúan de manera independiente. Por un lado está el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, tiendas que han ligado un mayor nivel de sintonías especialmente a nivel de bancadas de diputados. Ese acercamiento ha tenido su contrapeso en la sintonía que han tenido las bancadas del PPD y la DC que se han posicionado como una oposición más abierta a los planteos de La Moneda.
En la discusión del paquete de medidas de mitigación del alza de combustibles, el PPD y la DC se descolgaron del sector y votaron a favor del proyecto tras un acuerdo con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, respecto a una norma particular referida al impuesto a las pymes.
El descuelgue hizo eco en el resto de la oposición puesto que el acuerdo adoptado puertas adentro era hacer un punto político y rechazar la norma para que fuera enmendada en el Senado.
Consultado por EL DÍNAMO, el jefe de bancada de diputados PPD, Raúl Soto, afirmó que “podemos caminar y mascar chicle a la vez. La oposición puede articularse para fijar límites y defender principios, pero también para ordenar el debate, priorizar las materias más sensibles y proponer mejoras concretas”.
Y acota: “Eso no impide dialogar con el Gobierno para mejorar las iniciativas. Desde el PPD vamos a actuar con responsabilidad. Ni obstruccionismo automático ni cheque en blanco”.
En el resto de la oposición no lo ven del mismo modo.
La senadora Daniella Cicarni (PS) calificó como un proyecto de “contrabando” la iniciativa del Gobierno al contener modificaciones al sistema tributario.
“El Partido Socialista de Chile tiene una sola posición: no solo rechaza, sino que le solicita al Gobierno que retire la reforma tributaria de contrabando que se pretende instalar para aliviar la billetera al 1% más rico, mientras que al mismo tiempo terminan pagando la cuenta las familias de clase media y familias trabajadoras de nuestro país”.
La diputada Carolina Tello, jefa de bancada del FA, acotó que “rechazamos con claridad que el Gobierno de Kast condicione la reconstrucción de viviendas a rebajas de impuestos para los más ricos (…) Estamos disponibles para dialogar, pero con reglas claras: las políticas públicas se discuten en el Parlamento, con transparencia y de cara a la ciudadanía”.
