Dos semanas después del plazo que se había impuesto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Gobierno hará ingreso este miércoles del proyecto de Reconstrucción. La iniciativa, que ha estado en el centro del debate público durante las últimas semanas, cuenta con al menos tres elementos destacados: la reactivación de la economía a través de una reforma tributaria y administrativa, la inyección de recursos para la reconstrucción de las regiones de Valparaíso y Biobío, y la limitación a la gratuidad para nuevas universidades.
El solo hecho de ingresar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados constituye un hito para la administración del presidente José Antonio Kast. Este trámite, de hecho, fue pospuesto en tres ocasiones, lo que generó malestar y ansiedad en las filas del oficialismo, donde se observa con atención el derrotero de este cuerpo legal calificado como clave para el éxito de la actual administración.
El gobierno espera que la iniciativa se convierta en ley en poco más de dos meses, antes de la cuenta pública de comienzos de junio. Para asegurar el apoyo de su sector, el presidente Kast acotó el alcance de su propuesta; cuando fue anunciada el pasado 14 de marzo incluía medidas contra el crimen organizado y también acciones para empujar una “reconstrucción institucional”, idea esta última en la que no se ha vuelto a profundizar.
El panorama del Ejecutivo se enredó en las últimas semanas por los tironeos del propio oficialismo, la negociación con el PDG y las diferencias que exhibieron los ministros respecto a detalles relevantes de la propuesta. El hecho de que terminara siendo mucho más acotada se debe en buena parte a la presión que ejerció sobre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la bancada de diputados de Renovación Nacional a través de dos de sus figuras más prominentes, Ximena Ossandón y Diego Schalper.
A ello se sumó la intervención de los dos personeros con más peso político del gabinete, los ministros de Interior Claudio Alvarado (UDI) y de la Segpres José García Ruminot (RN). Ellos canalizaron las dudas y cuestionamientos que se levantaron desde los partidos de Chile Vamos. Por ejemplo, la medida que apuntaba a restringir la gratuidad hasta los 12 años posteriores a terminada la educación media fue resistida por la UDI y RN, pero Quiroz la mantuvo hasta última hora en el texto.
Para el comidillo quedarán las contradicciones entre los ministros luego de la cadena de radio y televisión en que el presidente Kast anunció el proyecto. El mandatario no mencionó la restricción a la gratuidad en su discurso. En los días siguientes, Quiroz aseguró que estaría incluida luego de que Alvarado lo negara apenas unas horas antes. Más tarde García Ruminot daría por zanjado el tema, previo a una intervención de la vocera Mara Sedini en que daba por definitiva la posición de Quiroz.
La Moneda sale del atasco y fija una hoja de ruta
La razón para presentar el proyecto en la secretaría de la Cámara este miércoles y no el martes, como se había notificado previamente a las bancadas del oficialismo, es simple, dicen en La Moneda: se comprometieron los votos del PDG, lo que asegura una aprobación amplia no solo para la idea de legislar sino también para el corazón del proyecto.
Tras una ronda de conversaciones, García y Quiroz se abrieron a acoger medidas económicas propuestas por el PDG —como la devolución del IVA en medicamentos en un proyecto simultáneo—, lo que asegura el éxito de la iniciativa a lo menos en la Cámara.
El Gobierno ya contaba con los votos necesarios para la idea de legislar, pero tras el portazo de la DC y el PPD se corría el riesgo de que la baja al impuesto corporativo fuera rechazada en sala, situación que obligaría a La Moneda a extender el trámite más allá del Senado, en una comisión mixta. Ese escenario, dicen en el oficialismo, sería el peor posible debido a las urgencias del Ejecutivo. “La plata para la reconstrucción se me acaba el 30 abril”, llegó a decir el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para graficar el apuro.
Con eso a la vista, la idea es que el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), de cuenta a primera hora de este miércoles del proyecto para derivarlo a las respectivas comisiones que, por el momento, serían las de Hacienda, Vivienda y Medio Ambiente. Sin embargo, el oficialismo espera que el proyecto pase por Educación debido a que la reforma contiene un apartado para delimitar por cuatro años el acceso de nuevas universidades al sistema de gratuidad.
Quiroz, reticente a la idea de que el proyecto fuese a parar a más de una comisión, ha expresado su interés al presidente de Hacienda, Agustín Romero (Republicano), que el debate legislativo se debe agilizar por lo que se piensa en citar de tres a cuatro veces por semana. Asimismo, Alessandri afina con la secretaría de la Cámara una propuesta para que las otras comisiones puedan sesionar en paralelo.
En el Senado, el panorama también es auspicioso. La presidenta de la corporación, Paulina Núñez (RN) ya ha tenido las primeras conversaciones con Quiroz y García para afinar la estrategia legislativa una vez el proyecto sea despachado por la Cámara. Acercamiento similar ha tenido el senador Javier Macaya (UDI) que preside la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
