La oposición levantó una ofensiva por la Megarreforma del presidente José Antonio Kast e ingresó un requerimiento ante Contraloría por un eventual conflicto de interés que tendrían ministros en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, haciendo alusión a su patrimonio y a las empresas en que algunos trabajaron antes de arribar al Gobierno.
En el requerimiento, los diputados y senadores solicitan al organismo que “se pronuncie sobre la eventual transgresión de los principios de probidad y de abstención, respecto de todas y todos los ministros de Estado del gobierno de José Antonio Kast Rist y demás autoridades que han intervenido en la redacción y tramitación del proyecto de ley, y si en lo sucesivo esas autoridades deban abstenerse de intervenir en la tramitación del proyecto de ley ya mencionado”.
Los parlamentarios detrás de esta ofensiva son: Juan Santana (PS), Daniel Manouchehri (PS), Gael Yeomans (FA), Jorge Brito (FA), Boris Barrera (PC), Carolina Cucumides (IND), Irací Hassler (PC), Luis Cuello (PC), Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS).
En este marco, el diputado Santana hizo referencia a los potenciales beneficios que tendrían los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y Fernando Barros (Defensa). En el caso de este último, expuso que “gracias a un cruce de datos que ha realizado la institución denominada Nodo XXI, este alcanza un patrimonio de cerca de setecientos mil millones de pesos, con lo cual, frente a los beneficios que tendría ante la aprobación de este proyecto de ley, se vería beneficiado en casi doscientos once mil millones de pesos al año”.
Por su parte, Barrera mencionó que “esto no es una suposición, tiene que ver con datos objetivos. El ministro Alvarado se va a beneficiar con la eliminación de las contribuciones y estas 63 autoridades de las que se habla se van a haber beneficiado por la reintegración, por la repatriación de capitales y por la disminución del impuesto corporativo”.

El estudio que proyecta los eventuales beneficios de ministros con la ley miscelánea
El estudio al que hacen alusión los parlamentarios fue desarrollado por la Fundación Nodo XXI, el cual analizó el impacto de cuatro propuestas del Plan de Reconstrucción en el patrimonio de 63 de las máximas autoridades del Gobierno.
Lo anterior, considerando la rebaja al impuesto corporativo, la reintegración total del sistema tributario, una tasa rebajada para la repatriación de capitales y la exención de contribuciones. En caso de que se aprueben estas cuatro medidas, implicaría un beneficio patrimonial total de $292.515 millones para las autoridades.
No obstante, el investigador de la fundación, Juan Andrés Mena, abogado y magister en políticas públicas, deja en claro que se trata de una simulación que busca aproximar los potenciales beneficios.
“No sabemos cuánto rentan realmente las empresas y sociedades en las que tienen participación las autoridades de Gobierno, por lo que el ejercicio no es una estimación de su beneficio real, sino una simulación de cuánto razonablemente se puede esperar que se beneficien ante escenarios plausibles y conservadores”, expresó.

El 98,8% del beneficio total agregado (M$292.515.734) corresponde a sólo seis personas, y de esas, el ministro Fernando Barros representa más del 70% por sí solo gracias a la repatriación. Por este punto, el estudio proyecta un ahorro personal de $209.994.189.490 por una única vez.
Respecto a la reintegración y la rebaja del impuesto corporativo, el biministro Daniel Mas podría ahorrar $1.005.733.050 y $498.528.022 al año respectivamente por concepto de menores impuestos. En cuanto a la exención de contribuciones a la primera vivienda, Francisco Pérez Mackenna ahorraría $21.471.691 anuales.
De acuerdo al análisis, estas autoridades serían las mayores beneficiadas:

La metodología que se utilizó
El informe detalla un impacto económico positivo ante la modificación de las tasas de Impuesto de Primera Categoría para grandes empresas y Pymes. En el primer caso, el proyecto reduce de un 27% a un 23% la tasa única, mientras que para las pymes, se mantiene el régimen de reducción transitoria, incrementando a 15% para 2028.
“Los potenciales beneficios derivados de esta medida se calcularon para los dos supuestos de la reforma: régimen general y régimen PYME”, explica el investigador.
Para ello, y ante la falta de datos sobre la rentabilidad real de las empresas de las autoridades, se realizó una simulación basada en escenarios conservadores, asumiendo una rentabilidad anual del 10% sobre el valor libro de sus acciones o derechos societarios, usando como referencia el comportamiento histórico del IPSA
Para los beneficios derivados de la integración del impuesto de primera categoría y global complementario, donde se permitiría que los dueños de las empresas puedan imputar el 100% del crédito por impuesto de primera categoría pagado por las empresas en las que participen, “se calculó la diferencia entre el crédito generado por el impuesto pagado con las tasas actuales del impuesto de primera categoría – en régimen – en un sistema semi integrado al 65% y el crédito que generaría la tasa rebajada al 23% en un sistema integrado al 100%, distinguiendo empresas según el límite de 75.000 UF en ventas anuales”.
En cuanto a la repatriación de capitales, donde se contemplaría una tasa reducida del 7%, se estimó asumiendo que los capitales y valores en el extranjero declarados en sus declaraciones de intereses y patrimonio (DIP) sean liquidados y repatriados a dicha tasa, siendo el beneficio lo que dejarían de pagar en impuesto global complementario.
Finalmente, para la exención de contribuciones para mayores de 65 años, “se calculó a partir de los inmuebles declarados por las autoridades en su DIP. Particularmente se calculó cuanto se ahorrarían aquellas que al término del gobierno habrán cumplido 65 años. Se optó por usar la tasa del 1% para predios rurales por no poder acceder a la información respecto del uso de suelo al ser el Rol de los domicilios información reservada”. Respecto a las autoridades que poseen más de un domicilio, se calculó el beneficio en relación a la vivienda mayor avalúo.