Dos días han pasado desde que el Consejo Fiscal Autónomo expuso en la Comisión de Hacienda y las conclusiones del órgano sobre la megareforma del Gobierno —y en particular de la reforma tributaria que contiene— siguen haciendo ruido en el oficialismo.
Si bien los parlamentarios del sector salieron a respaldar públicamente el proyecto y su “espíritu” que apunta a retomar el crecimiento, lo cierto es que puertas adentro existe preocupación sobre el camino que decidirá tomar el ministro Jorge Quiroz.
Hasta la mañana de este jueves, el equipo del ministro aún no resolvía si se enviarán indicaciones en esta etapa legislativa. Esto, a solo horas de que se vote en general el proyecto en Hacienda.
Ese escenario encendió las alarmas en el oficialismo, especialmente en Chile Vamos.
Si en el Partido Republicano están totalmente cuadrados con Quiroz y lo que decida hacer, en la alianza que agrupa a Evópoli, RN y la UDI apuntan a que “hay que hacerse cargo” de las alertas planteadas por la CFA.
Según reconocen dos parlamentarios del sector, lo que se le ha transmitido a los asesores de Quiroz es que es necesario agregar indicaciones al proyecto para subsanar el eventual desequilibrio fiscal que alertó el órgano autónomo.
Esa solicitud iría en paralelo al camino que explora Quiroz, que es compensar la menor recaudación a través de otros proyectos de ley paralelos, como el que se comprometió a patrocinar el Gobierno que apunta a legalizar y hacer tributar en suelo chileno a las casas de apuestas.
Otra posibilidad que se maneja es seguir adelante con el proyecto tal cual está hasta llegar al Senado, donde se ven más posibilidades de consensuar algunos puntos con el Socialismo Democrático, sobre todo ahora que se cayó el acuerdo con el PDG. Sin embargo, desde Chile Vamos ya se alertó que los flancos del proyecto deben ser solucionados cuanto antes.
“Cuando un organismo autónomo y técnico como el Consejo Fiscal Autónomo emite advertencias sobre las eventuales consecuencias de una iniciativa —aun reconociendo que se trata de una buena propuesta—, es fundamental que el Gobierno tome nota y se haga cargo de dichas observaciones. A mi juicio, esto debiera ocurrir incluso antes de la votación en general en la Sala”, advirtió la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).
Y agregó: “Existe el riesgo de que estas alertas sean utilizadas como argumento para rechazar el proyecto (…) Resulta clave que el Ejecutivo no solo escuche, sino que se pronuncie oportunamente. No basta con recoger la opinión del Consejo; es necesario que esta se traduzca en una postura clara del Gobierno y, eventualmente, en ajustes concretos a la iniciativa”.
Por lo pronto, el Gobierno informó a sus aliados de sector que hay apertura para “perfeccionar” el texto.
Según una minuta publicada por Ex-Ante, el Gobierno aclaró a los partidos que “el ministro de Hacienda señaló que el informe será analizado en detalle, en línea con el trabajo técnico y prelegislativo que ha caracterizado la construcción del proyecto, abriendo espacio para perfeccionamientos que permitan fortalecer su sostenibilidad en el tiempo”.
Aunque no se habló de indicaciones, el mensaje sí fue interpretado como una apertura a modificar el proyecto y lograr una base de respaldo más amplia que sólo el oficialismo y los descolgados de FREVS y el PDG.
