“Hay diversas formas de enfrentar al gobierno. Algunos prefieren las calles o las redes sociales, nosotros optamos por la vía institucional.” La frase es del diputado Jorge Díaz, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, y resume la postura con que la falange llegó esta semana a la discusión de la Ley de Reconstrucción del presidente Kast: no al bloqueo a todo evento con la oposición, sino con una propuesta técnica propia sobre la mesa: reducción gradual del impuesto corporativo, invariabilidad acotada, compensación municipal y normas contra la evasión. Todo ello fue entregado a los ministros Quiroz y Alvarado en La Moneda.
— ¿Cómo evalúa la reunión que sostuvieron el lunes con los ministros Quiroz y Alvarado, y qué conclusiones saca de esa instancia?
— La bancada decidió reunirse con el ministro del Interior y el ministro de Hacienda el lunes pasado en La Moneda, donde tuvimos la oportunidad de entregar una propuesta con el propósito de incidir en este proyecto de ley de reconstrucción, que además tiene una connotación específica: implica una reforma tributaria bastante importante, me atrevería a decir una de las más importantes de los últimos años del país.
—Sobre la cual ustedes anunciaron reserva de constitucionalidad.
— Efectivamente, habíamos tomado la decisión de presentar una reserva de constitucionalidad que aborda al menos cuatro puntos: primero, el carácter misceláneo de la ley; segundo, la invariabilidad tributaria de 25 años; tercero, la incorporación de normas que pueden implicar una eventual infracción a la prohibición de beneficiar a autoridades, dado que algunos de los ministros que impulsan esta reforma podrían verse favorecidos por la exención del impuesto territorial para personas mayores de 65 años; y cuarto, esa misma exención para quienes tengan renta superior a 980 mil pesos, porque la Constitución es la que establece la fuente de financiamiento del Fondo Común Municipal, y una ley simple no puede modificar un organismo de rango constitucional que consagra la autonomía de los municipios.
Zanjado ese paréntesis sobre la reserva de constitucionalidad y entrando al fondo del proyecto, nosotros hicimos una propuesta y lo que espera la bancada es que esa propuesta tenga respuesta por parte del gobierno.
— ¿En qué consiste esa propuesta?
— Abarca distintas áreas. En primer lugar, creemos que la reducción del impuesto corporativo debe ser gradual y condicionada a resultados. El gobierno propone bajar del 27 al 23%; nosotros proponemos bajar del 27 al 25% en tres años, evaluando si se cumplen las expectativas declaradas: creación de empleo, crecimiento del PIB, ritmo de expansión. Si esas metas se cumplen, nos abrimos a una segunda etapa para avanzar del 25 al 23%. También proponemos que la invariabilidad tributaria no sea de 25 años, sino de 15 o 12, e incluso de forma progresiva según el tamaño del proyecto de inversión.
En materia municipal, el proyecto incorpora una exención del pago de contribuciones sin establecer la fórmula de compensación. Proponemos que la base de cálculo sea lo recaudado en ese grupo de contribuyentes en 2025 y que quede fijada en la misma ley. Además, planteamos incorporar normas de combate a la evasión y elusión tributaria —incluyendo la aduanera y el levantamiento del secreto bancario— porque eso permitiría una mayor recaudación fiscal para financiar la reconstrucción. Y una rebaja del 50% en las patentes comerciales de las pymes, que hoy no tienen ningún beneficio en este proyecto.
— Esa casi una reforma distinta a la del Gobierno.
— No es que sea otra reforma. Lo que ocurre es que si se pretende hacer una reforma tributaria tan profunda, lo que nosotros esperamos es poder incidir en ella. Ese ha sido nuestro sello en estos primeros dos meses de labor parlamentaria.
— ¿Ve posible incidir a ese nivel?
— Yo creo que sí y hay ejemplos. En el proyecto de subsidios a los taxis colectivos, logramos que se incorporaran los taxis escolares y los taxis internacionales, y que se excluyeran las pymes. Cuando el gobierno accedió y el ministro lo anunció en sala, el proyecto se aprobó. En el proyecto de escuelas protegidas, el artículo 6° —el más controversial— establecía que si un estudiante tenía una sentencia penal firme, se le podía poner término a la gratuidad. Nosotros encontrábamos eso injusto: un joven de 19 años que comete cualquier delito —incluso uno sin relación con el ámbito educativo— no podría estudiar con gratuidad. Logramos que la medida se circunscribiera solo al perímetro escolar: si el hecho afecta el patrimonio de una institución educativa, nos parece razonable. Una vez que la ministra anunció eso en sala, aprobamos el proyecto.
Nuestras propuestas siempre han estado en esa línea: meternos en lo que se está legislando, no en otra cosa. Y a lo que aspiramos con esto es lo mismo.
— ¿Y cómo recepcionó esas propuestas el ministro Quiroz?
— Ambos ministros (Quiroz y Alvarado) las recepcionaron bien, se comprometieron a estudiarlas y se constituyó un comité de expertos —tributaristas y constitucionalistas de la DC— que dialogarán con el equipo del Ministerio de Hacienda. Pero mientras esa respuesta no exista, la bancada no podría votar a favor de la idea de legislar. Estamos en un proceso de espera.
— Respecto a la reserva de constitucionalidad, ¿hubo algún intento del gobierno de pedirles que la retiraran?
— No. La presentamos porque entendemos que todos los parlamentarios y autoridades estamos llamados a resguardar la Constitución. Si hay dudas, existe un tribunal competente —el Tribunal Constitucional— que tendrá que dirimir.
— ¿Cómo conversa esta mesa de trabajo con la premura que tiene el ministro Quiroz de sacar adelante la reforma lo antes posible?
— Esa responsabilidad está en ellos. Nosotros hicimos nuestra propuesta. Si tienen premura, que le respondan rápido a la DC.
— Sobre la reunión que sostuvieron con las distintas bancadas de oposición, ¿existe descoordinación en el sector?
— No, ninguna. Todo lo contrario: hay muy buen ánimo, y ninguno de los presentes va a votar a favor de la idea de legislar.
— ¿Cómo se explica entonces que la presidenta del PS haya dicho que desde la DC al PC todos rechazarían el proyecto, mientras parte de la DC señala que no hubo ese compromiso explícito?
— No se trata de que exista un compromiso explícito. Pero lo que sí teníamos claro es que ninguno de los asistentes iba a aprobar la idea de legislación.
— ¿Podría cambiar eso si el gobierno llega con una nueva propuesta?
— Es que eso se vota en pocas horas. Pero podría ser, dependiendo de la respuesta que nos dé el Gobierno. Hay que entender además que el proceso se divide en dos partes: la idea de legislar y la votación en particular. En la votación en particular también habrá espacio de trabajo con el gobierno, que es lo que aspiramos, para que esta reforma no favorezca solo a los súper ricos sino también a la clase media. En su estado actual, este proyecto favorece a los grandes capitales.
— Considerando que la oposición está en inferioridad numérica, ¿no merman sus posibilidades de hacer frente a estas reformas el hecho de tener distintos posicionamientos al interior del sector?
— Lo que pasa es que estas no son discusiones políticas en sentido estricto. En distintos proyectos hay mayor o menor coincidencia, incluso al interior de la misma derecha. Una cosa es que en tiempos de campaña cada uno se ponga en una esquina. Pero después de eso, cada partido tiene su propia forma de mirar la sociedad y cómo quiere que crezca. Por lo tanto, no me parece que sea necesariamente negativo tener miradas distintas frente a situaciones que obedecen a un sentido país.
— Hay parlamentarios que llaman a paralizar la reforma citando las alertas del Consejo Fiscal Autónomo. ¿La DC comparte esa posición?
— La compartimos en parte. Una de nuestras propuestas era incorporar normas de combate a la evasión y la elusión tributaria, que es además una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En eso hay coincidencia. Más allá de las conclusiones del informe del CFA, lo relevante son los aspectos estructurales del proyecto. Y ahí nosotros sí tenemos propuestas concretas, que entregamos al gobierno incluso antes de que saliera ese informe.
— ¿Cómo se posiciona la DC dentro del espectro de la oposición?
— Existen diversas formas de enfrentar al gobierno. Algunos preferirán una vía más confrontacional, las calles o las redes sociales. Nosotros optamos por la vía institucional: con la misma coherencia y pertinencia al trabajo legislativo que se está discutiendo.
La gran mayoría de los diputados de nuestra bancada somos nuevos, pero no novatos en política. Varios hemos sido alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales. No venimos de un mundo ajeno al territorio. Y eso nos da una responsabilidad mayor. Por eso pueden existir distintas oposiciones: habrá momentos de mayor coincidencia y otros de menor. Lo importante es que cada uno, con su legítima personalidad, enfrente una discusión tan seria como esta reforma tributaria.
— ¿Ve futuro a esta coordinación de la oposición?
— Creo que esta es una nueva etapa. La DC lleva ya dos años sin ser parte del gobierno —ni del gobierno de Boric, ni del de Kast—. Eso es una realidad distinta a la del resto de los partidos, que sí formaron parte del gobierno anterior. Entonces, quizás va a costar un poco este primer período de encontrarnos en un espacio común.
— ¿Debería la DC avanzar hacia una alianza política con otros sectores, como lo que fue la Concertación?
— Yo creo que todavía no hay nada dicho respecto a esa materia. Estamos en un proceso. En nuestro caso, llevamos harto tiempo fuera del gobierno. Quizás es tiempo de reconfigurar. Ahora bien, esas decisiones son del partido, no de la bancada, que es lo que me corresponde a mí. Pero sí, eventualmente, creo que esa posibilidad podría existir. El partido además acaba de iniciar un nuevo proceso con la presidencia del diputado Ortiz.
— ¿Cómo están viviendo ese proceso de reestructuración?
— Con optimismo. El mejor ejemplo son las últimas elecciones internas: votaron casi 8.000 personas. Si se compara con el PDG, que tuvo poco más de mil, la DC tiene una fuerza estructural mucho más amplia. En cantidad de parlamentarios también somos comparables: diez diputados y tres senadores, trece en total.Entonces, no sé qué tan extinta está la DC. Tenemos un partido ordenado, con presencia nacional, con militantes comprometidos con una historia, con principios y con valores que nos inspiran. Y eso habla de coherencia. Cerca del 10% de los alcaldes del país son democratacristianos, lo que también nos transforma en una fuerza territorial significativa. Hoy tenemos una oportunidad de avanzar y de provocar confianza en la ciudadanía. Y en eso vamos a estar.
