El proceso que terminó este martes con el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau expuso, paso a paso, las mismas grietas que el oficialismo arrastra desde marzo: la falta de una instancia previa para acordar posiciones, los reproches cruzados entre RN, la UDI y republicanos, y una negociación de votos que se resolvió, otra vez, caso a caso.
El libelo cayó en sus cuatro capítulos, pero la votación dividida entre los propios impulsores de derecha (con reproches de senadores del Partido Republicano incluidos) dejó en evidencia, nuevamente, las carencias del oficialismo en este tipo de instancias.
La raíz del estado actual del oficialismo se remonta al 15 de diciembre, cuando José Antonio Kast reunió a los presidentes de los partidos que lo llevaron al Gobierno y les explicó que no iba a impulsar una alianza gubernamental, sino un modelo de colaboración caso a caso.
Seis meses después, ese diseño enfrenta su prueba más exigente hasta ahora. Dos analistas —Juan Pablo Lavín, director ejecutivo de Panel Ciudadano-UDD, y Juan Diego Cruzat, investigador del Instituto Res Publica— coinciden en que el problema no es la ausencia de un nombre, sino la falta de una mesa donde procesar el desacuerdo. Discrepan, eso sí, en sí eso constituye realmente un problema para el Gobierno o sólo es la dinámica propia de la política partidista.
La mesa que falta
El diagnóstico de Lavín parte por una distinción: la coalición no se define por cómo se llama un conglomerado cuando todos están de acuerdo, sino por lo que ocurre cuando no lo están. “La coalición se nota recién cuando aparece la diferencia y existe un lugar donde procesarla. Eso es lo que hoy no está”, plantea. Según el analista, los partidos que respaldan a Kast deciden hoy caso a caso, según el tema, sin un techo común ni una mesa que los obligue a coordinar, un esquema que —dice— funciona mientras hay viento a favor.
Esa fragilidad, para Lavín, tiene un origen de diseño. El Gobierno se blindó desde el primer día con la opinión pública más que con los partidos, una apuesta que le dio independencia al asumir, pero que dejó una estructura liviana, sin la maquinaria partidaria que amortigua los golpes y susceptible a las encuestas. El intento más reciente de corregirlo quedó a medio camino: el lunes previo a la votación de la AC, La Moneda propuso a los partidos una instancia de coordinación más allá del comité político, pero ni RN ni la UDI se mostraron convencidos, prefiriendo el esquema actual.
Cruzat matiza esa lectura desde la raíz. Para él, lo que tiene hoy el Gobierno “es un grupo de personas con objetivos comunes, independiente de si pertenecen o no a un partido, un gremio o a una asociación determinada”, como refleja la composición del gabinete, con independientes, republicanos, Chile Vamos y exconcertacionistas conviviendo bajo el mismo techo. Lo relevante, sostiene, no es de dónde viene cada uno sino qué quiere para Chile.
El investigador de Res Publica agrega, además, que la ausencia de una mesa formal no es un problema exclusivo de este Gobierno: los últimos tres gobiernos, con coalición, tampoco lograron “cuadrar a todos” en votaciones como los retiros de pensiones u otras acusaciones constitucionales. Para Cruzat, eso apunta a un problema más estructural —la alta fragmentación del Congreso y la falta de incentivos de bancada— que trasciende si existe o no una coalición formal.
Todo se ventila afuera
Sin una mesa donde resolver las diferencias, estas se traspasan rápidamente al ojo público. Ya antes de la votación, el sector se vio envuelto en una engorrosa dinámica de comunicados cruzados entre RN, la UDI y los republicanos, y una queja formal de Chile Vamos ante el biministro Claudio Alvarado en La Moneda.
El desenlace de este martes repitió el patrón. Aunque el libelo cayó en sus cuatro capítulos, la votación dividida entre los propios impulsores de derecha derivó en un round de recriminaciones públicas.
La senadora RN María José Gatica, quien votó a favor de los cuatro capítulos, apuntó directamente contra el Partido Republicano por no haber consultado antes de presentar la acusación: “Nos acaban de hacer pasar un bochorno”, declaró, exigiendo que quienes impulsen este tipo de acciones “socialicen con todos los actores”.
Su par Andrés Longton (RN) fue en la misma línea, calificando lo ocurrido como “una lección” y planteando que, dado el arco de partidos que respalda a Kast, “lo mínimo es un diálogo previo”.
Incluso desde la propia bancada republicana, el senador Rodolfo Carter hizo una autocrítica pública: “Estas cosas se tienen que coordinar y conversar antes. Tiene que haber una cultura de coalición”, dijo, advirtiendo que este tipo de diferencias “generan desafección” entre quienes deben apoyar al mandatario.
Lavín conecta ese episodio con su diagnóstico de fondo. “El problema no fue la acusación en sí (…) el problema es que no hubo dónde discutirla, y la pelea entre las distintas derechas terminó dándose en la prensa”. Con una coalición, sostiene, esa discusión se da en una mesa, a puertas cerradas, y el sector sale ordenado; sin ella, cada diferencia se transforma en “un round público”.
No todos en el sector leen el episodio como una fractura profunda. La senadora del Partido Nacional Libertario Vanessa Kaiser, que mantuvo su respaldo a la acusación pese al resultado, sostuvo que la votación dividida “para en lo más mínimo” perjudicó la relación al interior de la derecha, y distinguió entre políticos “colectivistas”, que creen que hay que estar de acuerdo en todo, y quienes aceptan que en ciertas materias habrá diferencias. Cruzat va en un sentido similar: más allá de “dificultades en la instalación y descoordinaciones comunicacionales”, no ve ahí un problema de fondo para el Gobierno.
Legislar sin colchón
La falta de una coalición formal no ha impedido que el Ejecutivo saque adelante su agenda, pero el método ha sido cuestionado en las mismas filas del oficialismo.
Lavín reconoce el matiz. En el corto plazo el Gobierno ha avanzado igual, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, amarrando apoyos proyecto a proyecto y negociando directamente con el PDG de Franco Parisi para sacar adelante la megarreforma, por ejemplo. La falta de coalición, dice el analista, “se ha suplido con negociación bilateral”.
El costo de ese método, advierte Lavín, es el desgaste. “Es caro y frágil”, dice. ¿El motivo? Cada proyecto se negocia desde cero, sin un acuerdo marco que asegure los votos de antemano, dependiendo de la habilidad personal del ministro de turno.
“Sin coalición no hay holgura, cada voto hay que ir a buscarlo de a uno”, plantea, anticipando que esa negociación caso a caso se volverá más costosa a medida que lleguen proyectos con mayor costo político —cada partido, dice, empezará a cobrar su apoyo por separado—.
Esa dependencia del PDG, que hasta ahora ha operado en el terreno legislativo, adquirió otra dimensión con la advertencia que hizo esta semana Evelyn Matthei en Radio Pauta. La ex abanderada de Chile Vamos sinceró una incómoda conversación en el oficialismo: tres senadores que habitualmente votan con el Gobierno —Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic— enfrentan investigaciones judiciales, y que si dos de ellos fueran desaforados, el Gobierno perdería la mayoría en el Senado.
En ese escenario, dijo, una futura acusación constitucional podría prosperar, obligando al Ejecutivo a frenar los libelos ya en la Cámara de Diputados, algo que —advirtió— “se logra poniéndose de rodillas frente al Partido de la Gente”.
Una alianza prestada
Más allá de lo legislativo, ambos analistas coinciden en que hay un componente político —y no solo práctico— en la falta de coalición, aunque disienten en su gravedad.
Lavín apunta a los “afectos”, el mismo concepto que usó Matthei semanas atrás para describir la ausencia de una instancia real donde los partidos se pongan de acuerdo. “Los afectos son el capital que te permite sobrevivir los malos momentos”, explica el analista.Y añade que cuando hay confianza, los partidos aguantan una mala semana y entregan el voto difícil; cuando no la hay, “cada diferencia se cobra al contado”.
Cruzat, en cambio, sostiene que el problema de fondo no existe. Más allá de dificultades de instalación, el Gobierno convocó desde el inicio a una unidad nacional con dos objetivos concretos —reactivar la economía y combatir la delincuencia— que, a su juicio, siguen vigentes cuatro meses después.
